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El diálogo sobre la educación
Después del saldo doloroso que dejaron los reclamos universitarios sobre el seis por ciento, el Gobierno y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) llegaron a un acuerdo que, bien administrado, podría sentar las bases de una armónica relación sobre y los criterios fundamentales acerca de la educación en general y de la educación superior en particular.
En dicho acuerdo destaca el espíritu de cooperación y el interés mutuo “de encontrar soluciones permanentes que contribuyan al desarrollo económico y la paz social que Nicaragua entera desea y merece…”; así como el compromiso de definir objetivos nacionales y construir un clima de confianza mutua y de diálogo que supere las crisis recurrentes y los conflictos periódicos, y que trascienda la discusión exclusivamente centrada sobre la estimación del monto del seis por ciento.
Asimismo acordaron establecer en conjunto proyectos de conveniencia para el país orientados a dar respuestas a necesidades sustantivas de Nicaragua y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Para ello definen un marco de cooperación en el que se pongan al servicio del país los recursos académicos, científicos y técnicos de que disponen las universidades.
Por su parte “el Gobierno se compromete a gestionar a la mayor brevedad la formulación y aprobación de una nueva fase del Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo los mecanismos de desembolso, establecidos en el proyecto actual”.
Dentro de este proyecto se contempla establecer un Sistema Nacional de Acreditación como garantía de la calidad y pertinencia de la educación superior; desarrollar mecanismos que fortalezcan los nexos entre las universidades y el sector productivo; crear incubadoras de empresas basadas en proyectos desarrollados por profesores y estudiantes que puedan ser sujetos de crédito; dotar a las universidades de la infraestructura física necesaria; estudiar la finalidad de un fondo de financiamiento revolvente de becas y préstamos a estudiantes de escasos recursos; y, “evaluar la creación de un fondo de incentivos para ser distribuido anualmente entre las instituciones debidamente acreditadas que logren los mayores índices de calidad y pertinencia”.
Además, se comprometen a crear una comisión especial encargada de evaluar y dar seguimiento a los proyectos y a atender los temas presupuestarios en el marco de la ley. Además, un aspecto de particular importancia se refiere al compromiso de organizar el foro nacional de educación, con el propósito de analizar y proponer alternativas al funcionamiento del sistema educativo nacional.
Es la primera vez que, después de una de las crisis recurrentes por el tema del seis por ciento, se logra un acuerdo con esas características. Esto es muy positivo y hay que darle seguimiento a fin de que su contenido no quede en un catálogo de buenas intenciones. Los problemas de la educación superior no comienzan ni terminan con el tema del seis por ciento. Se requiere una reflexión serena y profunda, seguida de un diálogo franco y bien intencionado, a través del cual puedan superarse los principales problemas de la educación superior nicaragüense.
Para las universidades ésta es una ocasión excelente para realizar el congreso nacional de educación superior, que se intentó en los años 1991 y 1992, habiéndose en esa ocasión desarrollado un verdadero ejercicio de diálogo a través de decenas de seminarios y talleres realizados, pero que desafortunadamente no pudo concluir en el congreso y en la declaración nacional sobre la educación superior, tal como era la intención en aquel entonces.
Confiamos que ahora sea posible realizarlo plenamente y deseamos que todas las intenciones del Acuerdo se transformen en realidad por el bien de Nicaragua y de la educación nacional. Ésta es una oportunidad que no debe ser desaprovechada y que por el contrario debe servir a todas las instituciones educativas del país y a la nación entera para iniciar una reflexión y un diálogo sobre el sistema de educación nacional, teniendo como referencia necesaria el Plan Nacional de Educación que fue aprobado en diciembre del año 2000.
