Freddy Potoy
Celebro que en Nicaragua los asuntos relativos al desarrollo, inversión y legislación en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, vayan avanzando. Es digno de celebrarlo, porque es notorio el arranque vertiginoso y todo parece que Nicaragua saldrá de letargo en estos campos.
Hablando de la aprobación, en lo general, de la ley que regula la instalación de antenas de telefonía celular, del proyecto de Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, del traspaso del porcentaje accionario de Megatel a América Móvil en Enitel, de la conexión con el cable submarino Arcos 1, de la ampliación de cobertura por parte de BellSouth.
Asimismo es alentador ver los proyectos que tienen que ver con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que impulsa Conicyt, adscrito a la Vicepresidencia de la República.
Sin embargo, cada uno de estos textos requiere especial cuidado porque es peligroso aprobar leyes que luego redunden en estancamiento del crecimiento de la teledensidad y la expansión de las compañías telefónicas, inconveniente para los usuarios, trabas a los inversores, y en consecuencia, golpes a la economía del país.
Lo antes descrito se refleja en la ley que regula la instalación de antenas de telefonía celular. Al analizarla se aprecian claramente muchos problemas, los cuales, supongo, están previstos por los asesores de los diputados. Los problemas son estrictamente técnicos con implicaciones jurídicas y económicas.
A pesar de los aspectos alentadores, hay cosas que parecen caprichosas. Sobre el proyecto de Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, estimo que hay una sobrada manipulación política del espíritu y letra de este futuro instrumento jurídico por parte de quienes impulsan el mismo. Pero no menos cierto es que también aprecio un retorcimiento conceptual de quienes se consideran afectados y esgrimen argumentos políticos más que técnicos y legales, parecidos a los del Gobierno. La creación de esa futura institución es legítima, lo que no se debe permitir es la materialización de ambiciones de censura como ocurrió en los años ochenta. Este temor reluce cuando se estima que el derecho a la libertad de expresión o información está amenazado, pero este planteamiento no siempre es correcto ni sus protagonistas tienen la razón absoluta, así que se debe ponderar un equilibrio entre uno y otro derecho.
Otro aspecto que debe verse con lupa es el traspaso accionario en Enitel. El Ejecutivo debe estar atento a que éstos y otros aspectos no redunden en perjuicio de la competencia, del bienestar social reflejado en los usuarios y sobre todo, del correcto actuar de los operadores de telecomunicaciones dentro del marco jurídico del país.
Antes de aprobar una ley en materia de telecomunicaciones y tecnología, hay que ser preciso conforme al derecho de telecomunicaciones y derecho informático, para no distorsionar las normas. Estas disciplinas son complejas y no es suficiente consultar sólo a un ingeniero informático o en telecomunicaciones, o un abogado cuya especialidad no es ninguna de estas ramas del derecho moderno. Hay muchas más cosas en juego.
