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Un incidente sobredimensionado
Es triste y lamentable que un mero requisito de seguridad, exigido por un agente del Sistema Penitenciario a distinguidos visitantes de la cárcel La Modelo, despertara tremenda alharaca. Estamos hablando de la decisión personal de un agente de la cárcel La Modelo, quien pidió como es su obligación que se precisara en el permiso de visita a un recluso, todos los nombres de las personas que entrarían a la celda. Aparte de que la juez cometió un error al recibir oralmente la solicitud respectiva, y no por escrito, como manda la ley.
De todos modos fue inapropiada la pretensión de pasar “todos o nadie” a las instalaciones de la cárcel. Bajo ninguna circunstancia debe entrar como visitante de un recluso una persona no identificada, aunque sus acompañantes sean prominentes. Eso hubiera sido una violación a las medidas preventivas y restrictivas que se usan en tales casos. Por lo demás, la igualdad ante la ley es la esencia de la democracia, por muy prominentes que sean los peticionarios.
Por otra parte, de acuerdo con las informaciones no se restringió la entrada a los visitantes cuyos nombres figuraban en la autorización judicial. Si ellos se sintieron ofendidos, retirándose abruptamente, es su privilegio, porque tampoco se les faltó al respeto sino que con mucho comedimiento se les pidió que corrigieran el vacío del permiso regresando ante la juez para llenarlo.
Es evidente, además, que mientras más alta es la personalidad está más obligada a dar el buen ejemplo, en este caso acatando el reglamento penitenciario. De ahí que no se impusiera ninguna sanción al personal administrativo involucrado en el episodio que comentamos.
Todo parecía haberse arreglado, pues los propios quejosos aceptaron graciosamente las amplias excusas presentadas personalmente por el Ministro de Gobernación, doctor Julio Vega, en compañía del Secretario de la Presidencia, doctor Eduardo Montealegre. Sin embargo, a pesar de haber “ido a Canosa” los referidos funcionarios, o sea a protagonizar una solemne sesión de desagravio a la jerarquía católica, ésta expidió al día siguiente una inusual acusación contra los medios de información y el Gobierno de la República. Acusó a los primeros de recibir dinero bajo la mampara de pautas publicitarias, a cambio, de restringir espacio a la información sobre las labores pastorales de monseñor Obando y Bravo. Y en cuanto al jefe de Estado le acumularon la acusación de hace dos años, de haber enviado delegados a Roma para que Su Santidad Juan Pablo II aceptase inmediatamente la renuncia estatutaria del Cardenal, por haber cumplido éste 75 años de edad.
Se trata, pues, de cargos “refritos” que no vale la pena comentar ya que son incongruentes. En realidad, ¿cómo va el Gobierno a pagar campañas negativas contra nadie cuando ni siquiera tiene dinero para publicidad para los actos positivos que realiza? Más bien el problema es la deficiente comunicación que la alta jerarquía de la Iglesia Católica mantiene con su feligresía. Deberían recordar, los que han hecho esas acusaciones, que las personas de reconocida idoneidad y devoción católica —como el doctor Humberto Belli, el doctor Leandro Marín y el ingeniero Ernesto Leal—, a quienes se les atribuyó ese infundio, desmintieron las imputaciones que además fueron negadas por el Gobierno y por la misma Curia Romana. Si ahora se repite esa falsedad es porque se especula con que el pueblo de Nicaragua aún cree que la última palabra de cualquier diferendo con la jerarquía católica es inobjetable.
Si bien las opiniones de los representantes de la Iglesia son inobjetables cuando tratan de dogmas religiosos y artículos de fe, no lo es cuando ellos se involucran en actividades y controversias políticas, y sobre todo de tinte partidario. Ése fue el caso, por ejemplo, cuando monseñor Eddie Montenegro, vicario del Arzobispo, fue criticado porque en representación del cardenal Obando bendijo a una concentración del Frente Sandinista de Liberación Nacional, deseándole éxito en sus afanes partidistas que son mucho más que mundanos.
Esperamos por el bien de la nación y de la misma feligresía católica que se den por terminados esos malentendidos y que se prosiga una cordial y mutuamente respetuosa relación del Gobierno y la sociedad con la jerarquía católica.
