- En contra de la Ley de Servicio Civil porque aseguran que el Estado viola sus derechos y la Constitución
Johnny Cajina Guillén
Representantes de todas las organizaciones de personas con discapacidad, introdujeron ayer un recurso de amparo por inconstitucionalidad en contra de la Ley 476 del Servicio Civil y Carrera Administrativa, porque ésta presuntamente viola los derechos civiles de los discapacitados consignados en la Carta Magna de la nación y les niega el derecho al trabajo.
“El artículo 81, inciso e, reza que para ejercer la carrera administrativa, el ciudadano debe estar apto física y mentalmente. De esta forma el Estado nos cierra las puertas de trabajo y viola la Constitución, que establece igualdad ante la ley de todas las personas y sin ningún tipo de discriminación”, dijo Alma Nubia Baltodano, representante de la Asociación de Discapacitados Físicos o Motores (Adifim).
El recurso de amparo fue introducido por miembros y representantes de diferentes organizaciones de discapacitados como Los Pipitos, Asociación de Sordos de Nicaragua (Asnic), Asociación de Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense, Organización de Ciegos de Nicaragua y Adifim, aglutinadas en la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones por la Rehabilitación Integral (Feconori).
La Ley 476 que entró en vigencia el pasado 11 de junio, infringe entre otros los artículos 56, 57 y 62 de la Constitución, que son expresamente claros en cuanto a que el Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y que además procurará establecer programas en beneficio de éstos para su rehabilitación física, psicosocial, profesional y para su educación laboral, así como garantizar a los nicaragüenses el derecho a un trabajo acorde a su condición humana.
“Si el Estado nos cierra las puertas, tampoco el Estado podrá reclamar a las empresas privadas que también nos cierran las puertas del mundo laboral”, señaló
APROBADA CON “PRISA”
Baltodano dijo que la Ley en cuestión fue aprobada apresuradamente por el Parlamento para cumplir con los requisitos de ingreso a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC). “Pero el presidente Enrique Bolaños pasó por encima de un dictamen de mayoría de los diputados, en el que sí se respetaban nuestros derechos”, aseguró.
“Lo más irónico es que el pasado 26 de mayo, fue el mismo presidente Bolaños quien declaró al 2004 como el Año Iberoamericano de las Personas Discapacitadas”, dijo por su parte Julio César Muñiz, presidente de la Asociación de Ciegos Marisela Toledo, quien todavía espera que el Presidente cumpla con su promesa de promover una reforma a esa ley.
