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El misterioso tesoro de los partidos
En la edición del domingo recién pasado, sección Enfoque, LA PRENSA publicó un reportaje sobre las finanzas del Frente Sandinista bajo el título: “La ‘caja roja y negra’ del FSLN sigue en el misterio”.
No es la primera vez que LA PRENSA indaga sobre el tesoro del FSLN, que a todas luces es multimillonario pero el cual, como se dice en el mencionado reportaje, “sigue en el misterio”; aunque debería ser transparente porque de acuerdo con el sistema jurídico nicaragüense un partido político es una institución de derecho público.
Al respecto, partidarios del PLC nos han acusado anteriormente de que sólo averiguamos y publicamos sobre los movimientos financieros de su partido y su líder, el doctor Arnoldo Alemán, quien precisamente se encuentra en la cárcel condenado a veinte años de presidio por delitos de corrupción en el ejercicio del poder.
Pero igual que hemos hecho con uno hemos tratado de hacerlo con el otro. Tal es nuestra obligación con el público, sobre todo porque la institución que debería hurgar en las finanzas de los partidos políticos, es decir, el Consejo Supremo Electoral, no lo hace seguramente porque sus integrantes pertenecen a esos partidos o deben los cargos a sus dirigentes.
Pero en el caso del FSLN los periodistas se han topado con una muralla más inexpugnable que la de Troya; y sólo se sabe en términos generales que es un partido multimillonario y que mediante testaferros posee innumerables y valiosas propiedades y negocios dentro y fuera de Nicaragua, obtenidos a partir del “capital semilla” de la piñata sandinista de 1990.
Paradójicamente, el esfuerzo de los medios de comunicación social y los periodistas independientes por sacar a la luz la información sobre las misteriosas finanzas de los partidos mayoritarios —que por el hermetismo con que se guardan parecieran estar en la cueva donde Alí Babá escondía sus fabulosos tesoros—, además de que es en el interés de los ciudadanos, igualmente es en beneficio de los mismos partidos políticos, cuya reputación es ya casi inexistente, y si les queda alguna, anda rodando por los suelos.
En realidad, la transparencia en el financiamiento y el manejo de las finanzas de los partidos políticos es un problema sustantivo de la democracia, y más aún donde se ha perdido la credibilidad en aquéllos precisamente por la gran dependencia de la política respecto al dinero, por la corrupción institucionalizada, por la compra de favores y el tráfico de influencias, porque muchos políticos reciben del Estado sueldos de 4 ó 5 mil dólares mensuales, pero gastan y viven como si recibieran cincuenta mil.
De manera que, en estas circunstancias, cualquier actividad que se origina en la política y en su entorno, genera automáticamente desconfianza en la ciudadanía, pero lo peor es que se desconfía no sólo de los políticos como personas sino también de los partidos y de las instituciones en general.
Es bien sabido que la corrupción y pérdida de credibilidad de los políticos y de los partidos es un fenómeno internacional característico de la actualidad; ocurre hasta en países con alto nivel de transparencia y una dilatada tradición de honestidad en la política. Pero en estos países, la corrupción de los políticos se manifiesta en hechos particulares y son castigados severamente por el sistema. Y en cambio aquí la corrupción forma parte del sistema, está institucionalizada, y si existen, o aunque existieran disposiciones legales para disuadirla y castigarla, los encargados de aplicarlas son los mismos políticos corruptos.
Todo eso indica que hay una imperiosa necesidad de tener un mecanismo de control financiero de los partidos políticos que sea realmente efectivo. Algunas ideas que se podrían considerar al respecto —que ya se han aplicado en otros países con éxito, al menos relativo—, son, por ejemplo, inclusión de las finanzas de los partidos políticos en la ley de acceso a la información de interés público que está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional; así como la creación de una especie de auditoría pública, cívica, desde la sociedad, de los movimientos financieros de los partidos políticos.
¿O es que el sistema político nicaragüense es ya irreformable y los políticos son incorregibles e irredimibles?
