Luis Felipe Palacios
El diputado Orlando Tardencilla, jefe de la bancada Azul y Blanco, anunció que presentará a la primera secretaría de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley, para que sea ese Poder del Estado el que autorice la salida al exterior del presidente y vicepresidente de la República.
La iniciativa, dijo Tardencilla, también incluirá a los 91 diputados del Parlamento, a los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral y a los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como ministros y viceministros de Estado y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.
ELIMINAR «TURISMO POLITICO»
Indicó que el anteproyecto de Ley, que a su juicio no tiene rango constitucional, lo presentará esta semana a la Asamblea Nacional y la misma tendrá como fin que ningún poder del Estado quede “fuera de la posibilidad de ser controlada su salida y su ingreso”.
Tardencilla confió en que su propuesta tendrá eco e invitó a sus colegas a aprobar la iniciativa de Ley, para cortar “la salidera del turismo político”.
“No pueden estarse usando los recursos, que tanto nos cuesta en el país, para estar yendo al extranjero a intercambios personales o políticos-personales y traer a Nicaragua tan sólo una colección de souvenir que nos regalan los gobernantes de los países que visitamos”, criticó.
RESPALDO A MEDIDAS
El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, prometió que respaldarán una Ley que regule los viajes del presidente y vicepresidente de la República, aún cuando la misma involucre a otros poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional.
“El pueblo de Nicaragua debe saber a dónde van los funcionarios, qué es lo que van hacer, cuánto es lo que van a gastar, y luego que rindan un informe”, coincidió Quiñónez, quien consideró que la misma puede ser efectiva a través de una Ley ordinaria.
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, no se pronunció porque en su partido aún no discuten la eventual iniciativa de Ley, sin embargo, observó que la misma requiere una reforma a la Constitución.
De igual forma opinó el presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Noguera, de que una iniciativa en este sentido requiere reforma constitucional, y calificó incluso la idea como una “ley de parche”, ya que se propone un “Estado prisión” a los funcionarios de todos los poderes del Estado.
