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Mejor que no nos procuren
Mañana, o en el curso de esta semana, la Asamblea Nacional escogerá a los nuevos Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los que de acuerdo con la Ley 212 son los comisionados del Poder Legislativo para atender y resolver las denuncias y quejas por violaciones a los derechos humanos que interpongan los ciudadanos contra los funcionarios públicos, civiles o militares.
En términos generales la administración de justicia es la encargada de velar por el cumplimiento de las garantías y el respeto a los derechos de las personas. En efecto, el artículo 160 de la Constitución de Nicaragua dice al respecto que: “La administración de justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su competencia”.
Entonces, si ya existía un Poder Judicial habilitado constitucionalmente para cumplir esas funciones, ¿para qué aumentar la frondosa burocracia estatal creando otra institución burocrática, cuyo presupuesto por pequeño que sea le quita recursos a otros rubros sociales de gran necesidad y apremio?
En realidad, esta institución que en Nicaragua se llama Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos existe también en otros países, a pesar de que –igual que aquí– en todas partes los poderes judiciales son responsabilizados constitucionalmente de velar por el respeto a los derechos humanos. Pero del mismo modo es generalizado el grave problema de retardación de justicia, y si los poderes judiciales no son capaces de impartir de manera rápida y eficaz la justicia penal, civil y administrativa, mucho menos que lo hagan en el ámbito de los derechos humanos.
Por eso fue que algunos países comenzaron a copiar la antigua figura institucional escandinava del Ombudsman, que aquí se le llama Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y es un funcionario cuya responsabilidad específica consiste en atender los asuntos relacionados con los derechos humanos.
Por cierto que la denominación de tal funcionario como Procurador tiene una gran significación. Como se sabe, Procurador significa representante o delegado, y entre los antiguos romanos, en la época de la República, era una persona absolutamente íntegra y confiable a la que se le encargaba el manejo o la supervisión de una finca, un negocio, una propiedad, una industria, etc. El Procurador tenía grandes prerrogativas, incluyendo la facultad de comparecer en juicio en nombre de las personas cuyos bienes cuidaba. Y andando el tiempo el Procurador pasó a desempeñar delicadas responsabilidades públicas, como gobernar provincias y dirigir la recaudación de tributos.
Por eso es que en los países donde existe este Procurador se procura o debe procurarse que sea una persona de la mayor e intachable honorabilidad, que goce del respeto y la absoluta confianza de los ciudadanos. Sin embargo eso no ocurre en Nicaragua, desgraciadamente, porque los poderes públicos han sido partidarizados y prostituidos, y son manejados por dos camarillas políticas corruptas que a su vez están sometidas a dos caciques llamados pomposamente caudillos, que controlan las instituciones –casi todas– como si fueran sus feudos particulares.
De allí que los candidatos que con seguridad van a ocupar los cargos de Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, están ligados de manera directa o indirecta a esas camarillas y cacicazgos políticos. Y por eso mismo es que no reúnen los mínimos requisitos profesionales y éticos para desempeñar tan alto y digno cargo.
¿Cómo va a ser Procurador de Derechos Humanos alguien que promueve el aborto y la “educación” sexual libertina, o quienes fueron señalados de graves irregularidades cuando desempeñaron anteriores cargos públicos? ¿Qué va a procurar alguien que escribió que su mayor satisfacción en la vida había sido matar a una persona, porque era un guardia somocista? Y, ¿qué confianza podría tener la ciudadanía honrada de Nicaragua en la escogencia de Procurador que haga la Asamblea Nacional, si la Presidenta de la comisión dictaminadora de las candidaturas ha dicho que no le importan los cuestionamientos de la opinión pública a los candidatos?
De manera que con cualquiera de esos candidatos que sea escogido por la Asamblea Nacional manejada por las camarillas partidistas, mejor sería que no hubiera quien nos procurara.
