Avil Ramírez
Después del triunfo de Mao Tse-Tung en China (1949), el Gobierno nacionalista se exilió en Taiwan, que fue cedida oficialmente por Japón mediante el Tratado de San Francisco, en 1951.
Chiang Kai-Shek continuó apoyándose en su histórico partido, el Kuomintang, y en 1954 Taiwan firmó un pacto de seguridad con Estados Unidos.
En octubre de 1958 la tensión en el Estrecho de Formosa se apaciguó por el acuerdo entre Dulles y Chiang Kai-Shek, por el que éste último aceptó subordinar toda acción militar a un acuerdo con EE.UU.
Desde febrero de 1964 la fuerza internacional del Gobierno nacionalista fue disminuyendo, especialmente por la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia, al reconocer ésta el Gobierno de China Popular.
Tras el refugio de Chiang Kai-Shek en Taiwan, la ONU continuó considerando como único representante del pueblo chino en su seno al Gobierno isleño que, además, ostentaba un puesto en el Consejo de Seguridad.
Sin embargo, ya en 1951 se propuso el ingreso de la China Popular en ese organismo, a lo que se negó EE.UU.; desde 1961 el tema fue anualmente debatido por la Asamblea General, hasta que en octubre de 1971 se llegó a una votación por la que se expulsaba a Taiwan y se admitía a China Popular.
La decisión del presidente Nixon asistido por la visión estratégica de Henry Kissinger, irritó al Kremlin. Se continuaron alentando disputas entre soviéticos y chinos populares, beneficiando como consecuencia lógica, los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
Se despojó así del legítimo derecho de una nación a ser representada en la ONU, violando la “Carta de San Francisco”.
50 años más tarde, a 15 años de la masacre de Tianamen y olvidando las razones que culminaron con la injusta expulsión de Taiwan de la ONU, la lucha de Taiwan continúa para hacer cumplir con el artículo cuarto de la “Carta de San Francisco” que dice:
“Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”.
Pero, siempre hay un pero, en el mismo artículo se estipula que la admisión de tales Estados “se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.
Al ser China Popular miembro permanente del Consejo de Seguridad, difícilmente permitirá que se haga justicia al pueblo de la República de China Taiwan, un verdadero Estado democrático, con 22 millones de habitantes y cuya producción anual supera ya los 113 mil millones de dólares con apenas 36 mil kilómetros cuadrados, la misma superficie que si juntáramos León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega y Chontales.
Los tentáculos de Pekín no descansan, como lo demostró el embajador de China Popular en Quito, Ecuador, Zeng Gang, quien —en el marco de la Asamblea General de la OEA— expresó la oposición de su Gobierno a que Taiwan sea admitida como observadora en ese organismo hemisférico. Eso sí, China Popular fue aceptada como tal por la OEA el 26 de mayo pasado. Ese derecho mismo se le pretende negar a Taiwan.
Nicaragua deberá continuar respaldando las justas pretensiones del hermano pueblo de Taiwan, que ha sido víctima en el pasado de poderosos intereses económicos y políticos. Taiwan se ha ganado el derecho y merece un lugar digno y respetable en el concierto internacional de las naciones del mundo.
El autor es secretario privado del Presidente de la República.
