- Abren proceso por supuesta desobediencia de un contrato que el Estado suscribió con el dueño de una propiedad que fue tomada por ex contras
Mirna Velásquez Sevilla
El intendente de la Propiedad, Elí Tablada Tijerino, fue citado por segunda vez para que declare como procesado en un juicio que se tramita en su contra por el delito de desobediencia, en el Juzgado Octavo Local del Crimen de Managua.
El juez Sergio Palacios ordenó la comparecencia de Tablada, advirtiéndole que debía hacerlo “bajo apercibimiento de ley”, es decir, con el uso de la fuerza pública, de ser necesario.
A Tablada Tijerino se le atribuye el delito de desobediencia, junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel y el secretario de la Presidencia, Eduardo Montealegre. Pero por su rango de ministros y por ende ser inmunes, Montealegre y Montiel deben esperar a que la Asamblea Nacional resuelva una solicitud de desafuero hecha por el juez. Mientras, no pueden ser procesados.
El juez Palacios admitió una denuncia que el señor Arturo Salvador Samayoa Huezo introdujo contra los tres funcionarios. La denuncia indica que él adquirió siete fincas rústicas ubicadas en el departamento de Río San Juan, llamadas Hacienda La Flor.
INTERBANK DIO EN PAGO LA PROPIEDAD
De acuerdo con la denuncia, el 18 de noviembre de 2000, la propiedad fue negociada con la junta liquidadora del extinto Banco Intercontinental S.A. (Interbank) para responder por obligaciones de otras personas, para lo que firmaron un contrato de dación en pago. Inesperadamente, miembros de la Resistencia Nicaragüense y otros desmovilizados invadieron dicha propiedad, creyendo que pertenecía al Estado y posteriormente exigieron títulos a su favor.
Tras negociaciones fallidas con la junta liquidadora de Interbank, el inmueble fue objeto de negociaciones con el Estado a través de la Intendencia de la Propiedad, la cual aceptó la oferta de Samayoa Huezo, pero el acuerdo nunca fue cumplido por la Intendencia de la Propiedad ni el Ministerio de Hacienda, según la denuncia.
Posteriormente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución en septiembre de 2003, en la que declaró con lugar un recurso de amparo administrativo y ordenó cumplir a ambas instancias.
El intendente, Tablada Tijerino, debe comparecer hoy a rendir su declaración como procesado, pese a que fue citado una vez antes y éste justificó su ausencia aduciendo que la cita le fue notificada indebidamente porque fue dejada en manos de un trabajador.
