Ernesto Medina Sandino
Es verdaderamente lamentable que en medio de una crisis tan grave como la que actualmente vive el país, a raíz de un nuevo conflicto entre las universidades miembros del CNU y el Gobierno, personas lúcidas como el doctor Humberto Belli, recurran, como lo hace en su artículo publicado el 3 de junio, al juicio ligero y a la interpretación amañada de las estadísticas para intentar descalificar a las universidades públicas y deslegitimar su justas lucha.
El doctor Belli cita correctamente un trabajo publicado en el año 2001, en el que se analiza la situación de la educación superior en el país en aquel momento. Utiliza los datos que aparecen en el estudio sobre el porcentaje de académicos con títulos de postgrado para poner a tela de juicio la calidad universitaria de las instituciones miembros del CNU.
Obviamente ya es una ligereza reducir el debate sobre la calidad universitaria a un solo indicador, por muy importante que éste sea. Pero cuando se profundiza en el análisis del artículo del doctor Belli, resulta evidente que su verdadero interés no es propositivo, sino seguir alimentando la confrontación.
En primer lugar, no menciona en ningún momento que las estadísticas en las que basa su análisis son del año 1997. Alguien con la intención de aportar y buscar soluciones constructivas, no podía dejar de lado un dato tan importante. Por otro lado pudo haberse tomado la molestia de investigar un poco más sobre estas cifras y hubiese encontrado la siguiente realidad:
PERSONAL DOCENTE POR CALIFICACIÓN
Universidades Miembros del CNU
1995 1997 2003
Doctor (PhD) 156 176 216
Master 229 334 750
Especialista 193 233 278
Licenciado 1,052 936 944
Si se considera que en 1980 no había más de 20 profesores con título de PhD en la UNAN, que era la única universidad pública que existía entonces en el país, resulta evidente el esfuerzo que se ha hecho para elevar el nivel científico en medio de las circunstancias adversas en que las universidades han debido realizar su trabajo en las últimas dos décadas. Indudablemente, queda mucho por hacer pero nadie que analice con objetividad estas cifras puede negar el esfuerzo que han hecho las universidades.
Aunque el doctor Belli minimiza el impacto del factor económico sobre este indicador y se limita solamente a señalar el hecho de que algunos docentes de las universidades públicas se ven obligados a buscar empleo en otras instituciones para aumentar sus ingresos, no se atreve a reconocer que las universidades públicas han logrado estos avances a pesar de los bajos salarios que pagan a sus profesores debido a que no reciben el financiamiento que por ley les corresponde.
Lo que deja claro ese artículo es el mundo que separa al pensamiento de las autoridades de las universidades privadas, como la del doctor Belli, del de las universidades públicas. Mientras la receta del doctor Belli para solucionar el problema de los bajos salarios de los profesores es reducir su número y limitar el número de programas de estudio y de plazas para estudiantes; yo creo que la universidad pública debe responder a la demanda creciente de jóvenes que aspiran poder realizar estudios universitarios y que esta responsabilidad debe ser asumida también por el Gobierno si es respetuoso de la ley y es consecuente con su discurso sobre cómo enfrentar los retos del desarrollo en el mundo actual.
Finalmente, se pretende descalificar a las universidades porque no tienen sólo doctores en su planta docente. No creo que el doctor Belli ignore que el doctorado es un elemento relativamente nuevo en los casi diez siglos de historia de la universidad. Tan sólo se comenzó a desarrollar a finales del siglo XIX con las ideas de Humboldt para transformar las universidades de Alemania en centros de creación de conocimiento. O sea, la universidad ya existía mucho antes que existieran los doctores.
Para no quedar sólo en una posición contestataria y tratando de contribuir a un diálogo necesario sobre el futuro de la educación superior en Nicaragua, debo reconocer que el doctor Belli ha puesto sobre el tapete un tema muy importante, ya que es más que evidente que en un país como el nuestro resulta difícil de aceptar que puedan existir más de cuarenta instituciones, con recintos esparcidos por toda la geografía nacional, que merezcan la noble y honrosa designación de universidad. Parte del ordenamiento que debe sufrir la educación superior en Nicaragua requerirá de una definición clara de este concepto. Las universidades públicas están listas para iniciar también esta discusión.
El autor es rector de la UNAN-León.
