- Acusación de la Fiscalía señala que intentó callar a oficiales que le encontraron varios pasaportes, con 200 dólares
Fátima Tórrez González/Especial para LA PRENSA
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Militar boliviano acusado por intento de soborno
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Acusación de la Fiscalía señala que intentó callar a oficiales que le encontraron varios pasaportes, con 200 dólares |
Fátima Tórrez González/Especial para LA PRENSA
El Ministerio Público acusó ayer por el delito de soborno internacional, al teniente coronel del Ejército de Bolivia, Grover Martín Uribe Martínez, quien presuntamente intentó sobornar a dos oficiales del Aeropuerto Internacional de Managua, cuando se disponía a abandonar el país.
Según la acusación puesta por la fiscal Jeysel del Carmen Martínez, el pasado 30 de mayo, al militar boliviano le encontraron en su poder varios boletos y pasaportes bolivianos, de los que no dio explicación.
Según manifestó la fiscal Martínez, en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencia, Uribe Martínez fue descubierto cuando le hacían los chequeos generales en el aeropuerto donde tenía como destino Bolivia, fue ahí donde presuntamente intentó sobornar a los oficiales.
“El inspector Danilo Pérez González realizaba los chequeos, al descubrir los documentos dio aviso al mando superior, fue ahí cuando el acusado le ofreció 200 dólares, para que lo dejara abandonar el país, luego al oficial Marcio García, quien lo custodiaba, también le ofreció 200 dólares para que le ayudara a abandonar Nicaragua”, señaló la representante del Ministerio Público.
La fiscal argumentó en su libelo acusatorio, que la tipificación del delito es conforme a la Ley número 419 de la reforma y adicción del Código Procesal Penal de Nicaragua, por lo que solicitó fuera admitida la acusación y decretada la prisión preventiva, porque podía evadir la justicia de concederle otra medida cautelar.
En cambio David Acevedo, abogado defensor del militar, solicitó para su cliente arresto domiciliar, argumentando que no había intimidado ni había puesto en peligro a nadie, por lo que solicitó una medida menos gravosa.
Por su parte, el juez Abelardo Alvir Ramos aceptó la acusación porque reunía los requisitos establecidos y decretó como medida cautelar la prisión preventiva, citándolos nuevamente a la audiencia inicial para el 8 de junio a las 9:00 a.m.
Para este tipo de delito la pena va de dos a cinco años de prisión, mediante una sentencia condenatoria, de ser encontrado culpable mediante un juicio oral y público, que se realizaría en tres meses aproximadamente, tiempo que podría durar el proceso.
