- Ministerio Público intuye que funcionarios de Gobierno intervienen en un caso, en presunto contubernio con la Juez Sexto Civil de Distrito
Mirna Velásquez Sevilla
La Fiscalía anunció que investigará a la Juez Sexto Civil de Distrito, Zoraida Sánchez Padilla, porque han encontrado indicios sobre supuesto prevaricato y abuso de autoridad en un caso tramitado en su judicatura, donde está de por medio la custodia de una niña de cinco años y el encarcelamiento de su abuela, Rosa María Guido Aragón.
La fiscal adjunta María Lourdes Bolaños indicó que en el caso hay sospechas de abuso de autoridad de parte de dos magistrados y otros funcionarios del Gobierno. No obstante, la juez Sánchez Padilla negó que haya funcionarios interesados.
La señora Guido Aragón está en la cárcel desde marzo pasado por orden de la juez Sánchez, pese a que no existe ningún proceso abierto ni sentencia que ordene su reclusión. La juez sustentó su decisión en que Aragón secuestró a la niña, cuya custodia la tiene su madre Arelys Rivas González.
“Nosotros vamos a iniciar la investigación con la juez, es nuestra primer línea de acción. Dependiendo de lo que salga de ahí, veremos cuáles son los otros pasos jurídicos y las líneas que vamos a seguir”, dijo Bolaños.
“Hay mucha documentación presentada donde hay contradicciones y por eso consideramos que hay mérito para la denuncia, por el abuso de autoridad y por el prevaricato. Hay prueba indiciaria”, añadió.
La Fiscal reveló que los funcionarios supuestamente implicados, son el ministro de Defensa, José Adán Guerra, y el viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, más dos magistrados, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo Supremo Electoral.
JUEZ SE SEPARA
La juez por su parte, informó que ayer mismo se separó del caso, luego de conocer que la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) levantó un instructivo y la citó para que rinda un informe del caso.
Explicó que tomó esa decisión “por sanidad”, pues con esta investigación pasó a ser parte del caso y no puede ser “juez y parte”.
Insistió en que no existe prevaricato ni detención arbitraria de Guido, puesto que el Tribunal de Apelaciones revocó una orden de libertad que ella misma emitió.
