El tercer partido

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El tercer partido





El pluripartidismo y, por lo consiguiente, la competencia electoral, constituyen teóricamente la base del sistema político de Nicaragua, de acuerdo con los principios generales de la democracia y de conformidad con la Constitución de la República, la que en sus artículos 5 y 55 proclama y garantiza el derecho de todos los ciudadanos nicaragüenses a formar partidos políticos, o a sumarse a los existentes.

De manera que violan la Constitución y atropellan los principios básicos de la democracia quienes a título de magistrados del Consejo Supremo Electoral o de directivos y miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quieren impedir la formación del nuevo partido denominado Alianza por la República (APRE), que reúne a los seguidores del antiguo GUL (Gran Unidad Liberal) y del Partido Liberal Fundado en 1913 (PL-1913); y que además encabeza una alianza electoral con el Partido Conservador (PC), Partido Social Cristiano (PSC), Movimiento de Unidad Nacional (MUN) y Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN).

Lamentablemente, algunos políticos que pasan por demócratas, con su conducta e influencias atropellan los principios y fundamentos de la democracia, en este caso los que se refieren al pluripartidismo y la libre competencia entre diversas opciones electorales. Inclusive, esa mezquindad política –que es también una forma de autoritarismo– fue institucionalizada en el país mediante el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, o sea entre el PLC y el FSLN, que fue acordado en el año 2000 y desembocó en una reforma constitucional y de la Ley Electoral para propiciar el bipartidismo libero-sandinista por medio de la ley.

Como se sabe, prácticamente todos los sectores y personas democráticos del país, lo mismo que diversos observadores extranjeros, calificaron el pacto Alemán-Ortega como un golpe demoledor contra la institucionalidad y un alarmante retroceso en el proceso de democratización de Nicaragua.

Y en efecto, a estas alturas las consecuencias perversas del pacto libero-sandinista, que se manifiestan –por ejemplo– en el partidismo y corrupción del Poder Judicial y del Poder Electoral, mantienen a la sociedad empantanada en una angustiosa crisis de impotencia que pareciera imposible de resolver.

Precisamente por eso es que se ha planteado como de imperiosa necesidad el surgimiento de una tercera fuerza política, que sea capaz de romper el monopolio electoral bipartidista y que pueda reencauzar el funcionamiento de las instituciones por una senda auténticamente democrática y transparente.

Pero, en realidad, no es cualquier otro partido o alianza de partidos lo que se está necesitando. De hecho ya existen numerosas agrupaciones partidistas, o más bien micro-partidos que, como se dice popularmente, no le hacen ni cosquillas a los partidos liberal y sandinista que se subordinan a Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.

Lo que hace falta es una verdadera tercera opción, una alternativa real al caudillismo del FSLN y el PLC y, lo que es lo mismo, al autoritarismo y la corrupción. Y a decir verdad, el nuevo partido o alianza llamada APRE, no parece que será capaz de llenar los requisitos para ser la tercera fuerza o alternativa que está necesitando el país, por la simple y sencilla razón de que no tiene liderazgo. Y es obvio que la población, que en forma mayoritaria se ha expresado en las encuestas a favor de una alternativa a los partidos caudillistas, no apoyará a ningún otro partido o alianza que no ofrezca un confiable liderazgo popular y democrático.

Por otro lado, quienes tratan de impedir la formación del nuevo partido y/o alianza de partidos, sostienen que lo que quieren es impedir una división electoral de las fuerzas democráticas que facilitaría la victoria del FSLN no sólo en las elecciones municipales del 7 de noviembre de este año, sino también en los comicios presidenciales del año 2006.

Sin embargo, el procedimiento adecuado para evitar la división democrática y el triunfo sandinista no es el de impedir el pluralismo político y obligar a los demás a subordinarse al PLC actual, es decir a Arnoldo Alemán. Así no se garantiza el triunfo de la democracia sino que se afianza el caudillismo y se legitima la corrupción.

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