Antonio Lacayo
En los últimos días los nicaragüenses hemos sido testigos presenciales de un conflicto que pareciera ser la decisión más importante que enfrenta el país después del fin de la guerra, tanto por su recurrencia como por la cantidad de heridos y muertos, el dolor y el llanto que genera, los tranques que afectan la economía, y la imagen de conflicto que proyectamos al mundo.
El meollo del problema radica en la cantidad de dinero que el Estado debe destinar a subsidiar un conjunto de universidades agrupadas en el CNU, las que atienden unos 60,000 estudiantes universitarios.
Algo que hay que tener en cuenta es que en Nicaragua, según los censos oficiales, hay unos 612,000 jóvenes de 18 a 23 años, la edad en que típicamente un joven, una vez bachillerado, se dedica a los estudios universitarios. Este subsidio, entonces, cubre solamente a uno de cada diez jóvenes nicaragüenses. Los otros nueve no cuentan. Antes de 1990 el Estado entregaba entre el uno y el tres por ciento a las universidades estatales. Al ganar doña Violeta las elecciones ese año, los diputados sandinistas de la Asamblea, afectados por la derrota, hicieron las leyes de la ‘Piñata’, así como una Ley de Autonomía universitaria estableciendo que “El aporte del Estado no podrá ser menor del 6% del Presupuesto General de Ingresos de la República”. Convirtieron en ley lo que ellos nunca quisieron hacer.
Desconozco qué justificación tuvieron los legisladores cuando decidieron dar 6 por ciento de todo el dinero del Estado, año tras año, a 60,000 jóvenes, mayoritariamente de las clases medias, y condenar a la marginación eterna a muchísimos más jóvenes de las clases más pobres que hoy no pueden ir a la universidad ni a la secundaria porque ayer no pudieron ir a la escuela primaria.
Desde 1990 los gobiernos entregan el 6% del dinero anual del Estado a un conjunto de universidades estatales y privadas pero, curiosamente, las disputas por este asunto han crecido cada vez más fuertes, igual la violencia con que se acompaña. Algo no está funcionando. Además, estamos fuera de foco. Está ampliamente demostrado que lo que saca a los países del subdesarrollo es la educación primaria para todo ciudadano, y luego la secundaria. Unos pocos graduados universitarios no crean el desarrollo.
Nicaragua es una clara muestra de ello. Tenemos universidad desde antes de nuestra Independencia en 1821, pero seguimos en el subdesarrollo. Costa Rica se propuso que todo niño estuviese dentro de una escuela, lo hizo, y ya se ha desarrollado. Su ingreso promedio por persona es más de cinco veces el de los nicaragüenses.
Debemos ser consecuentes. La inmensa mayoría de los jóvenes de las clases más pobres no llegan a la universidad, independientemente de su talento. Sus familias no los pueden mantener en la escuela, aunque sea gratuita. Los necesitan para el trabajo, no tienen para la ropa, no tienen para los lápices. Son datos ciertos. Se le llama “deserción escolar”. Y son más de 300,000 jóvenes regados por todo el país.
Si en lugar del 6% para las universidades al perder las elecciones se hubiera legislado la obligatoriedad de destinar los recursos estatales para la educación primaria gratuita y obligatoria, hoy, 14 años después, no habría muchacho o muchacha menor de 20 años analfabeta. Este país sería otro. Para la educación terciaria o universitaria hay soluciones, y la merecen, pero más en torno al financiamiento que al subsidio. Países ricos o productores de petróleo pueden subsidiarla. Nosotros estamos en otro barco, nos guste o no.
El dinero del Estado debe ser para lo absolutamente prioritario, y lo estratégico es tener a todo niño y niña entre 5 y 12 años en una escuela. Ésta es la única manera para que dentro de una generación, la clase trabajadora y campesina toda sepa leer, escribir, hacer operaciones matemáticas, y pueda capacitarse con facilidad para cualquier trabajo productivo, dejando atrás la pobreza.
Por eso debemos retomar este tema con responsabilidad nacional. Se debe generar en el país una franca discusión de qué queremos hacer con el dinero del Estado, el de todos nosotros. Los universitarios subsidiados tendrán derecho a defender sus posiciones, pero sin negarle oportunidades a los jóvenes más pobres.
El autor fue ministro de la Presidencia
