A.J. Cruz-Sequeira
Hoy 28 de mayo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), los ministros de Economía de la región centroamericana, junto con el embajador Zoellick en representación del gobierno de Estados Unidos, firmarán el acuerdo comercial conocido como Cafta. Anteriormente, el 18 de mayo, Zoellick firmó el acuerdo negociado con Australia, y se espera que con la República Dominica, Estados Unidos firme a finales de junio. Simultáneamente a estas firmas, Estados Unidos inició a finales de abril negociaciones bilaterales con Panamá, y a mediados de mayo, con Colombia, Ecuador y Perú. Además de estas negociaciones, están la de la Unión Aduanera de África del Sur y la de Bahrein. Y pronto, Estados Unidos las iniciará con Tailandia.
Todo esto pareciese augurar buenas noticias para quienes creemos en una integración mayor de nuestros países con el 30.0 por ciento del PIB mundial. Y si bien es cierto en el mediano plazo esta integración es inevitable, el calendario político en Estados Unidos puede complicar la ratificación del Cafta en el 2004 y su entrada en vigencia en enero del 2005.
A pesar de la ceremonia de la firma, hoy, la cual no es a nivel presidencial como originalmente se esperaba, los acuerdos comerciales de Centroamérica y República Dominicana se sumarán en un solo proyecto de ley para efectos de su aprobación en el Congreso de Estados Unidos. La expectativa de esta fusión es que un bloque importante de congresistas demócratas liderados por Rangel de Nueva York (con una fuerte presencia de dominicanos en su distrito), miren con más simpatía la aprobación legislativa de un “Cafta ampliado”. El problema con la suma de República Dominicana, es que para cumplir con la regla de los 90 días de notificación al Congreso previamente a la firma del acuerdo (tal como lo estipula el Trade Promotion Authority del 2002), habría que esperar hasta el 24 de junio, para que a partir de esa fecha, la Administración Bush II tuviese la facultad de introducir el proyecto de ley al Congreso para su ratificación. Es precisamente esto último lo que complica la posición de Cafta en el calendario político estadounidense, no sólo por las explicaciones que el Ejecutivo le tiene que dar al Poder Legislativo del impacto que el “Cafta ampliado” tendrá en sus leyes existentes y en la economía de Estados Unidos, sino que también, porque el 4 de julio, el 108 Congreso entrará en receso, y como es un año electoral donde se combinan las elecciones de la Presidencia, y la de todos los congresistas, la mecánica legislativa queda prácticamente suspendida hasta mediados de noviembre.
Suponiendo que Bush II se reeligiese, existe la posibilidad de que en la última sesión del 108 Congreso, en diciembre de este año, se tomase el asunto de Cafta, aunque lo más probable es que la votación se realice en el 109 Congreso. En el escenario de un Bush II reelecto no es automático que el acuerdo cuente con los votos para su aprobación, sobre todo cuando éste abarca asuntos tan sensibles como son el acceso de productos agrícolas al mercado norteamericano, las maquilas de textiles y sus excepciones a la regla de origen, y por supuesto, las leyes laborales y del medio ambiente.
En caso, sin embargo, de que Kerry fuese el favorecido por los votantes norteamericanos, la situación de Cafta se complica aún más, ya que éste formalmente se comprometió el 16 de mayo ante uno de los sindicatos mejor organizados en Estados Unidos, a “renegociar Cafta”, con especial énfasis en las leyes laborales y del medio ambiente. Esto significaría un 2005 “perdido” en esta renegociación, y se pudiese repetir la experiencia de Bush I, a quien le tocó firmar Nafta durante su último año de gobierno, pero fue a Clinton que le tocó su aprobación en el Congreso a finales del primer año de su mandato.
Más aún, con la multitud de acuerdos comerciales que actualmente se están negociando, en el escenario de un Kerry ganador la agenda legislativa se congestionaría en el 2005 con tantos acuerdos pendientes, y no hay ninguna garantía que la “fila” se respete. Panamá, pretende negociar el acuerdo comercial con Estados Unidos en unos pocos meses, e inclusive tener un acuerdo firmado antes de que se termine este año. Las ventajas de Panamá sin embargo en sus negociaciones con Estados Unidos son numerosas: la agricultura sólo representa el 7.0 por ciento de su PIB, las maquilas no es un tema importante, y sus leyes laborales son tan rigorosas, que en gran medida esto es lo que explica su altísima tasa de desempleo. Incluso, el proyecto del nuevo canal por el cual podrán transitar los buques “post-Panamax”, es el gran incentivo que los norteamericanos tienen para concluir y ratificar un acuerdo comercial con este país. Lo que le preocupa a Estados Unidos en sus negociaciones con Panamá es el marco normativo por medio del cual se regularán las compras del Estado y las licitaciones públicas, con el fin de ofrecerle a sus empresas, la oportunidad de participar en la construcción del nuevo canal, cuyas obras requieren según estimados oficiales, más de 8 mil millones de dólares en inversiones. Para no decir nada de la administración de sus puertos y otras facilidades logísticas que son propias del canal del nuevo milenio.
No debería sorprendernos por lo tanto, a los países firmantes del Cafta, que en el 2005, si Kerry fuese electo, que el acuerdo de Panamá, o el de Marruecos, para mencionar dos de los tantos, tuviesen prioridad en la agenda legislativa de Estados Unidos. La negociación de Cafta por parte de los gobiernos de Centroamérica fue notable y nos deberíamos sentir orgullosos de la manera en la que los negociadores centroamericanos se coordinaron para concluir esta tarea. Pero el hecho que se firmó con los EE.UU. el 28 de mayo no es la culminación del proceso, ni mucho menos. Falta mucho por hacer, y más que nunca los centroamericanos debemos entender la importancia del cabildeo en la sociedad política estadounidense, un esfuerzo que deberíamos mantener a lo largo de este años, y si es necesario, en el próximo.
El autor es profesor asociado del INCAE.
