CGR no anulará el contrato a Hispánica

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CGR no anulará el contrato a Hispánica

Contralores dicen que aunque haya indicios de anomalías, no lo anularán para no afectar el desarrollo del país

José Adán Silva y Jorge Loáisiga M.

El contralor liberal Guillermo Argüello Poessy y el sandinista Luis Ángel Montenegro, coincidieron ayer en que no es conveniente para el país denunciar de nulidad el contrato entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y la empresa Constructora Hispánica por la construcción de la carretera Ticuantepe-Granada, pese a reconocer que existen suficientes evidencias jurídicas de que el contrato se firmó al margen de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Nosotros tenemos elementos de juicio suficientes para declarar que esa contratación es absolutamente nula porque es violatoria de la Ley de Contrataciones”, dijo el contralor Argüello.

“Pero no es conveniente para Nicaragua que nosotros declaremos la nulidad del contrato y que pidamos la suspensión de la obra, porque le haríamos daño a Nicaragua. Es preferible, a pesar de todo lo que hubo allí, que se siga construyendo la obra”, agregó el miembro del Consejo Superior de la Contraloría.

“Creemos que lo mejor es no declarar ninguna nulidad, pero sí mandar a practicar una auditoría especial para determinar quiénes son los responsables de haber contratado de esa forma”, expresó Argüello.

Por su parte el contralor Montenegro dijo que la Contraloría no está interesada en declarar de nulidad dicha contratación.

“Una cosa son los señalamientos públicos que nosotros podemos hacer como funcionarios del Estado y otra cosa son los intereses nacionales que nos cobijan como ciudadanos. Nosotros no podemos pretender a nivel de Contraloría, llevar como objetivo denunciar de nulidad una obra que es de mucho beneficio para este país”, expresó Montenegro.

“No es el objetivo fundamental de esta Contraloría hacer un informe para que dentro de 15 días o un mes denunciar de nulidad una situación que a todos nos va a perjudicar, contrario a eso, es el llamado al Gobierno de la República para que impulse y negocie condiciones favorables para el Estado de Nicaragua en esa construcción” , agregó Montenegro.

SIGUEN LOS LÍOS

Y mientras los contralores se debaten en torno a la nulidad del contrato de Hispánica, nuevos líos surgen para esta empresa. La posibilidad de un nueva demanda contra la empresa española, está latente. Ayer José Andrés Gómez Rivas, quien dice ser propietario del terreno en Jocote Dulce, Managua, que Hispánica intentó usar como fianza en un juicio civil, afirmó que contempla la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a la ya cuestionada empresa de construcción.

Gómez Rivas denunció que la empresa Hispánica lo ha perjudicado al usar sin su consentimiento la propiedad, su nombre y documentos relacionados a sus bienes.

Hispánica ofreció como fianza en un juicio civil contra la empresa Constructora Nuevo Milenio (Conmisa), una propiedad de 24 manzanas ubicada en Jocote Dulce, contiguo a Intermezzo del Bosque, al sur de Managua.

La propiedad, valorada según el catastro fiscal en más de cuatro millones de córdobas, serviría como fianza en el juicio en que la empresa Conmisa le embargó a Hispánica una cuenta bancaria con más de 200 mil dólares.

Para tal fin, los abogados de Hispánica presentaron ante el Juzgado Segundo Civil de Distrito la constancia 1170, de valor catastral librada el pasado 20 de abril para dicha propiedad, en donde se señala que la misma pertenece al señor José Andrés Gómez Rivas y que su valor catastral es de 4.3 millones de córdobas.

La fianza fue rechazada por la juez Patricia Brenes, alegando que la misma no era garantía para tal juicio, porque el nombre del presunto dueño de la propiedad rola en otros expedientes judiciales donde había prestado su propiedad para otros juicios.

El señor Roberto Vílchez, asesor legal de la oficina de Catastro Fiscal, Dirección General de Ingresos, descubrió que la constancia presentada por los abogados de Hispánica con el número 1170, no corresponde a la que él firmó y emitió el pasado 29 de agosto del 2003, por lo cual interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el señor José Andrés Gómez Rivas y contra quienes resulten responsables en los delitos de falsificación de documentos públicos.

Gómez Rivas, si bien reconoció que ha prestado en otras ocasiones esa propiedad para que sirva de fianza, alegó que jamás ha autorizado a la empresa Hispánica para que ofrezca esta propiedad en un juicio.

HISPANICA DESLINDA

El ex juez Eduardo Boza es el abogado de Hispánica en el juicio civil donde intentó poner como fianza una propiedad cuyos documentos están siendo investigados bajo la sospecha de falsificación.

Boza deslindó responsabilidad en la denuncia, y dijo que no conoce ni al fiador José Andrés Gómez Rivas, ni la propiedad que intentaron poner como fianza, ni conocen la legalidad de los documentos presentados.

Dijo que se pondrán a la orden del Ministerio Público en la investigación, ya que a su juicio no hay ilícitos ni mala fe en la actuación de la empresa Hispánica, porque simplemente desconocen si los documentos son falsificados o legales y que en todo caso quien debe responder por ello es el fiador.

Boza argumentó que efectivamente la empresa intentó poner como fianza la propiedad de José Andrés Gómez Rivas, pero que es un acto no ilegal y una práctica común en los juicios civiles.

TRAS «PODREDUMBRE»

El Fiscal Julio Centeno Gómez, anunció ayer que el Ministerio Público dio trámite a la denuncia por falsificación de documentos públicos que presentó un funcionario del Gobierno “porque sabemos que hay podredumbre en la Fe Pública, no vamos a permitir que un instrumento tan valioso para el desarrollo de un país, como es la oficina de Catastro donde se inscriben las propiedades, sea corrompida impunemente”, dijo.