- La falsificación de documentos complica la situación de la finca reclamada por una empresa arrocera
Luis Eduardo Martínez M./Corresponsal
MATAGALPA.- Detrás del conflicto en el lote de terreno San Martín de Guadalupe, que forma parte de la finca La Central, en el municipio de San Isidro, existen falsificaciones de documentos en virtud de los cuales dos grupos de ex contras quieren adueñarse de la propiedad que pertenece a la Comunidad Indígena de Sébaco.
Además de los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, la finca es reclamada por la empresa arrocera de los hermanos José María y Edmundo Lira Molina, quienes poseen la documentación legal que les otorga derechos de uso y goce sobre la propiedad de 420 manzanas de extensión.
Pero, en virtud de la falsificación de un contrato de arriendo, los grupos de ex contras alegan tener los derechos y mantienen tomado el lote conocido como San Martín de Guadalupe, de 200 hectáreas de extensión, pese a que la Policía los ha desalojado en dos ocasiones, a instancias de la empresa de los hermanos Lira que, por la vía de hecho, recurrió al amparo policial.
Los “toma tierra” también alegan que existen acuerdos entre el Gobierno y la ex Resistencia Nicaragüense, lo que es señalado en el contrato de arriendo falso, supuestamente firmado el 20 de abril del 2001, pero, en declaraciones juradas por separado, ante un notario, de las que LA PRENSA tiene copias, Ismael Rayo Palacios y Rosalpina Chavarría Reyes, quienes a la fecha de la supuesta firma del contrato fungieron como presidente y secretaria de la Comunidad Indígena de Sébaco, respectivamente, aseguran que sus firmas fueron “falsificadas”.
Además, los ex directivos expresan que el sello que aparece en el documento había sido “sustraído” de las oficinas de la Comunidad Indígena de Sébaco y que durante su gestión, esa entidad “jamás llegó a acuerdo alguno con el Gobierno para ceder las mencionadas tierras a supuestos integrantes de la ex Resistencia Nicaragüense”.
INCONSISTENCIAS EN NÚMEROS REGISTRALES
Los números registrales y linderos del lote supuestamente arrendado, difieren a las especificaciones del lote conocido como San Martín de Guadalupe.
De acuerdo con el contrato, la Comunidad Indígena de Sébaco arrienda, por diez años, un lote de terreno rural de 286 manzanas a los señores Sabino Tórrez Huete, Francisco Javier Brenes Martínez, Juan Bautista Laguna Álvarez, Wilfredo Palacios Pérez, Francisco Javier Palacios Tórrez, Arnoldo Rayo Palacios, Oscar Manzanares, Cristina Reyes y los hermanos Tomás y Fabio Tórrez Martínez.
El lote dado en arriendo está inscrito en los asientos primero y segundo, folios 187 al 200, del Tomo V-R (5), columna de inscripciones, sección de derechos reales del libro de propiedades del Registro Público de la Propiedad de Matagalpa.
Pero, bajo esos números registrales lo que aparece es un lote de terreno urbano que mide 24 metros de frente por 28 metros de fondo, situado en el extremo norte de la ciudad de Sébaco, precisamente en el barrio denominado Tamara, según una modificación que aparece en el asiento 3911–A, folios 138 y 139, del tomo 606, del libro de propiedades.
LA PARTE DE LA COMUNIDAD INDIGENA
En cambio, San Martín de Guadalupe, de 200 hectáreas de extensión, es uno de los cinco lotes que conforman la finca conocida como La Central, de 420 manzanas de área total y, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Matagalpa, pertenece a la Comunidad Indígena de Sébaco.
En el asiento 3649–A, columna de inscripciones, sección de derechos reales, folios del 222 al 223 del tomo 541 del libro de propiedades, consta que las mejoras de la propiedad pertenecieron al desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), en virtud de una adjudicación que le hiciera la Juez Primero de Distrito de lo Civil de Matagalpa, Eveling González Betancourt, en representación de Pablo Rafael Valdivia Castillo y Carlos Alberto Valdivia Ruiz, mediante escritura pública número 35, autorizada por la judicial el primero de septiembre del año 2000.
Mientras tanto, en el asiento 2497–A, folio 27, del Tomo 236, aparece que la finca perteneció a Carlos Alberto Valdivia Ruiz, quien la adquirió por cesión que le hiciera Pablo Rafael Valdivia Castillo, reservándose el usufructo vitalicio, todo mediante la escritura pública número 89 autorizada, el 23 de mayo de 1991, por el notario Alejandro Rodríguez Obregón.
El 31 de enero de 1991, el mismo notario había autorizado la escritura pública número 19, mediante la cual, la Comunidad Indígena de Sébaco, entonces representada por Gustavo Valdivia, había cedido la propiedad a Pablo Rafael Valdivia Castillo, según consta en el asiento 2408–A, folios 5 y 6 del tomo 236 del libro de propiedades, sección de derechos reales del Registro Público de la Propiedad de Matagalpa.
