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La clave es reformar la Ley 89
En la sociedad nicaragüense hay actualmente muchas preocupaciones y grandes interrogantes en relación con la problemática educativa nacional, particularmente de las universidades públicas. En realidad, habría que llevar a cabo un debate nacional franco y profundo para determinar, por ejemplo qué es necesario hacer para que la universidad cumpla la función fundamental que le corresponde desempeñar: ser el gran centro nacional de la inteligencia, la cultura, la investigación científica, la tolerancia y la convivencia pacífica.
En lo que se refiere a por qué la universidad pública no cumple cabalmente esa función, se conoce muy bien que eso se debe a que desde 1979 fue subordinada a la política y la ideología del FSLN, y en 1990 se le asignó el 6 por ciento del Presupuesto General de la República para financiar la numerosa burocracia revolucionaria que quedó flotante al terminar el gobierno del FSLN (se nombró hasta cuatro personas por cada profesor o funcionario universitario que era realmente necesario). Además, la falta de un control efectivo permite que se haga “charanga” con los cuantiosos recursos del 6 por ciento.
Pero hay que ir por partes. Lo primero es dilucidar de una vez por todas la disputa entre el Gobierno y el CNU por el monto del 6 por ciento del Presupuesto General de la República, que por mandato constitucional se debe entregar a las universidades financiadas por el Estado. Al respecto el artículo 125 de la Constitución establece que: “Las universidades y centros de Educación Técnica Superior, que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del 6% del Presupuesto General de la República, la cual se distribuirá de acuerdo con la ley”.
La ley a la que se refiere ese artículo constitucional es la Ley 89, o sea la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que fue aprobada el 5 de abril de 1990 y publicada en La Gaceta No. 77, del 20 de abril de 1990. Dicha Ley, en su artículo 55 define el patrimonio de las universidades y centros de Educación Técnica Superior financiados por el Estado, incluyendo el aporte del Estado.
Precisamente ese artículo 55 de la Ley 89 debería ser reformado para resolver la disputa entre el CNU y el Gobierno sobre el monto del 6 por ciento. Es decir, hay que establecer en la Ley 89 la base de cálculo para determinar la cantidad de dinero que debe asignársele cada año al CNU. Una base de cálculo que por elemental sentido de responsabilidad no debe incluir la ayuda externa que recibe el país con fines específicos; ni tampoco debe calcularse sobre la suma de ingresos y egresos del Estado, pues lo racional es asignar recursos en base de lo que se tiene, no de lo que se gasta ni de lo que se debe.
Sin duda que los miembros del CNU y los diputados sandinistas comprenden algo tan elemental como eso, y si no quieren reconocerlo es por intereses políticos y conveniencias económicas. Pero las fuerzas democráticas con representación en la Asamblea Nacional tienen suficientes votos para reformar la Ley 89. ¿Por qué, entonces, no la han reformado?
Algunos consideran que por razones de estabilidad política y gobernabilidad, la Ley 89 sólo se podría reformar con el consentimiento de los sandinistas; y creen que si la Asamblea Nacional aprobara la reforma contra la voluntad sandinista, la Corte Suprema de Justicia —que está dominada por el FSLN— la declararía inconstitucional.
Pero, ¿por qué darse por derrotados de antemano? ¿Por qué renunciar a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los sandinistas de la Asamblea Nacional y del CNU, sobre una reforma que sería beneficiosa para la nación y también para ellos mismos? Además, en el caso de que la reforma sólo la aprobaran los diputados democráticos y la Corte la declarase inconstitucional, de todos modos se fortalecería la posición del Gobierno para negociar el cálculo correcto del 6 por ciento.
Urge, pues, reformar el artículo 55 de la Ley 89 para establecer legalmente la base de cálculo del 6 ciento. Esto eliminaría el pretexto de la violencia universitaria que envenena la atmósfera social y entorpece los esfuerzos de reconstrucción económica nacional.
