Alberto L. Alemán Aguirre
A cuatro meses de asumir, el Presidente de Guatemala, Oscar Berger Perdomo, ha enfrentado esta semana la primera crisis de su gobierno, aunque el fuego fue prontamente sofocado.
El comisionado presidencial de Seguridad, Otto Pérez Molina, una importante figura, dejó el gobierno el martes; su partido salió de la alianza Gana en el poder, y la opinión pública repudió la perspectiva de que el presidente hubiese prometido al ex dictador José Efraín Ríos Montt parar los procesos por casos de corrupción contra ex funcionarios del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
El precio: los votos parlamentarios del ex gobernante FRG a favor de una reforma fiscal que el gobierno necesita desesperadamente.
El presidente vio el rechazo social y reaccionó. Admitió que se había reunido con el ex dictador –señalado de graves abusos a los derechos humanos y quien está bajo arresto domiciliario por una causa abierta–, pero aseguró que no hizo pactos con él. Consiguió el respaldo del gabinete, explicó a los políticos el asunto y tiene ahora un apoyo parlamentario amplio para la reforma fiscal.
De no pasar ésta, la administración pública se paralizaría después de junio. El déficit actual del Estado guatemalteco es de 875 millones de dólares.
Tras un comienzo positivo de Berger, llegó la hora del brusco despertar.
La actuación del Presidente hay que verla de dos modos.
Por un lado, no hay nada malo en que un proyecto de ley que afectará la vida diaria de 11 millones de guatemaltecos, sea un producto de una negociación entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición. Diálogo, consenso, consulta, son todos mecanismos esenciales de la democracia.
Berger y sus partidarios no poseen una mayoría absoluta. La aritmética legislativa es la siguiente: su alianza Gana cuenta con 38 diputados, tras la pérdida de nueve votos del Partido Patriota, de Pérez Molina. El FRG de Ríos Montt posee 31 escaños –la segunda bancada–; los opositores Unión Nacional de la Esperanza y el Partido de Avanzada Nacional, tienen 28 y 14, respectivamente. Otros partidos y los independientes suman 38 votos.
El Congreso está formado por 158 diputados y para que pase la reforma fiscal, son necesarios 80 votos. El realismo dicta negociar.
Sin embargo, la cosa se ve fea desde las ópticas moral y de la buena imagen del gobierno. El FRG es visto por muchos guatemaltecos como un sinónimo de corrupción. Varios ex funcionarios eferregistas enfrentan cargos criminales y hasta el ex presidente Alfonso Portillo huyó a México. Algunos críticos vinculan esa fuerza al crimen organizado.
El fiscal general aseguró que no se detendrán las investigaciones. Probablemente, Berger ha conseguido ya 80 o más votos para su reforma y no requiere ya los del FRG. Las próximas semanas nos dirán la verdad.
Tras las inconsecuencias de la lucha contra la corrupción de Enrique Bolaños, el empuje por la honestidad pública podría perder fuerza en un segundo frente regional.
Y como bien lo señaló el ex asesor de Berger, Otto Pérez Molina –quien mantiene sus dudas–: ¿Cuándo por fin se acabará la costumbre de decir una cosa en campaña y luego hacer otra?
