Silvia L. Saravia Matus
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A merced de caprichos
Silvia L. Saravia Matus
¿Cómo es posible que el porvenir de un país esté condenado a depender de los caprichos y ambiciones de unos cuantos?
Es muy probable que esta pregunta haya rondado la mente de muchos nicaragüenses no solamente en los últimos años, sino desde que se formó ese vago concepto de ciudadanía en nuestro país. Digo vago concepto porque lo que implica ser ciudadano, ser miembro activo de una República, no se ha “palpado” a cabalidad en Nicaragua. Simplemente quizás porque nunca hemos vivido en una real democracia, ni bajo condiciones sociales que aseguren que las voces de los más vulnerables sean escuchadas. Me atrevería a decir que las revoluciones en nuestra historia han sido inspiradas por una diversidad de motivos dentro de los cuales la libertad y la democracia no estaban precisamente en un primer plano.
Desde las revoluciones independentistas, pasando por la Revolución Liberal de 1893 y la Revolución Sandinista, podemos verificar que en todas ellas han resultado favorecidos unos pocos en detrimento de la mayoría. Por lo que es fácil observar que el estilo de gobierno democrático no se ha afianzado como modelo a seguir y si hoy en día quienes ostentan poder político en Nicaragua asumieran a nivel personal las implicancias de una verdadera democracia, no estarían empeñados ni ofuscados en retomar a toda costa la silla presidencial. En otras palabras, hay quienes no han asimilado la idea de Nicaragua como una “RES-PÚBLICA”, sino una “RES-PRIVADA” que anhelan subyugar a través de instituciones parcializadas, inestabilidad legislativa y una repulsiva pantomima de democracia, donde los representantes electos por el pueblo parecen obedecer la voz del partido y no la de su conciencia, desligándose de su compromiso con la sociedad.
Lo que me aflige actualmente en Nicaragua es ese voraz deseo de “conservar, adquirir y extender” el poder. No sólo por lo censurable que es esta mezquina actitud, sino porque en el contexto nicaragüense, sus consecuencias acentúan el atraso, el hambre y la muerte de un pueblo. Cuando hablo de muerte no sólo me refiero al menosprecio de los derechos cívicos de los gobernados, sino literalmente a la pérdida de miles de vidas, producto de la pobreza crónica que se vive en Nicaragua. Estamos hablando de personas que emigran o perecen por no tener oportunidad de trabajar, comerciar y crecer en un ambiente de paz y estabilidad; condiciones básicas para el crecimiento económico que la clase política no ayuda o más bien ha impedido fomentar. Por lo que, al puro estilo maquiavélico, se aprovechan de la ignorancia y las limitaciones de un pueblo. Limitaciones que se profundizan por la fragilidad de nuestra evolución económica y la falta de políticas sociales eficientes (llámense seguridad alimenticia, salud, vivienda, educación, etc.) que permitan al ciudadano desarrollarse física y socialmente de forma que logre integrarse como miembro activo de una república. Pero la realidad es que estas políticas sociales han sido opacadas por políticas “personales” que se centran en acrecentar cuotas de poder, enriquecer los bolsillos y fomentar los delirios de grandeza de los “servidores” de la patria.
Lamentablemente, un pueblo abatido y desesperado que no dispone (y peor aún, no ha conocido) de medios democráticos efectivos para exigir y hacer valer sus derechos inalienables, puede caer en manipulaciones y perderse en violentas incitaciones demagógicas, que desemboquen en terribles explosiones sociales que únicamente le traen más miseria y penurias.
En conclusión, pretender valerse de pactos y re-pactos políticos para alcanzar la “gobernabilidad del país”, nos ratifica que continuamos a merced de caprichos y ambiciones desmedidas de un reducido grupo. También nos confirma que la Sociedad Civil no es tomada en serio y que sus demandas se pierden al viento, porque en el fondo, la clase política sabe que la mayoría de los “votantes” están (y con razón) más preocupados en descifrar como sobrevivir al hambre y la pobreza que les agobia día a día.
Muchos analistas y ciudadanos conscientes han ya enfatizado con ahínco las devastadoras y costosas consecuencias de los amarres políticos y la corrupción. Sin embargo, pareciera que nadie escucha. ¿Alguien me escucha?
La autora es economista y ensayista
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