Abraham Rossman Castilla
Este artículo sólo trata de escudriñar en an tecedentes para encontrar respuesta a factores contributivos que expliquen la actual crisis de la salud y que sirva a investigadores interesados ahondar más sobre el tema. Es más una crítica a estructuras institucionales y nada que ver con funcionario alguno. Veamos:
A escasos días de asumir el poder el sandinismo —8 de agosto del 1979— lanzaron el Decreto 35 cambiando radicalmente la estructura funcional del sistema de salud. Rompieron así los fuegos los comandantes con la primera y más espectacular piñata de su mandato: el Sistema Único de Salud. Todos los centros de atención médica del INSS, así como toda la red hospitalaria de la desaparecida Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS) pasaron bajo el control del Minsa. ¿Qué significó esto? Del INSS, ocho instalaciones completas, entre las que se encontraban el Hospital 14 de Julio (hoy Lenín Fonseca) y el moderno hospital de León (hoy Heodra). De la JNAPS, 24 hospitales departamentales y municipales. El decreto contemplaba que el Estado determinaría la forma de pago a dichas instituciones por este despojo arbitrario. Hasta hoy no ha ocurrido.
Recordemos que el INSS es un ente autónomo y toda su infraestructura física se financió con el fondo de reserva de pensiones que generaron los asegurados a través del aporte de sus primeros quince años cotizando. Suman muchos millones de dólares, que pertenecen a los asegurados y que siguen esperando ser indemnizados.
En cuanto a la JNAPS —entonces autónoma— sus hospitales básicamente se financiaban vía impuestos a distintas actividades comerciales de cada departamento del país (planes de arbitrio), donaciones filantrópicas, venta de servicios privados y un subsidio, derivado de las ganancias netas de la lotería nacional. Buena parte de la propiedad de dichos hospitales le pertenecían a sus respectivas comunidades.
1. Otros aspectos más destacados y perversos del decreto eran, la centralización absoluta de la administración de la salud que creó una enorme burocracia protegida por el Convenio Colectivo de Fetsalud y que absorbe aún el 75 por ciento de la planilla del Minsa, y el 65 por ciento de sus gastos en medicamentos y la indiscriminada y demagógica obligación impuesta al Estado de la gratuidad de los servicios. Ningún Estado, ni antes ni ahora aguanta semejante sobrecarga.
2. Ante tanta tragedia, en los años noventa, los que administran la salud se ven obligados a paliar la situación, creando los Servicios de Atención Diferenciada (SAD) que le permitiera captar recursos del sector privado. Desafortunadamente, al no existir estructuras de costo, el Minsa termina subsidiando dichos servicios.
3. A finales del 93 y principios del 94, el INSS irrumpió audazmente en el sector, con su nueva modalidad de Empresas Médicas Previsionales, cuando apenas estaba saliendo de la catastrófica administración que le heredó el sandinismo. La estrategia del doctor Simeón Rizo no tenía otra intención que rescatar la atención médica de los trabajadores y sus dependientes. Para hacerlo posible con los recursos disponibles, se limita a ofertar una canasta de prestaciones de salud, que es la que más demanda la población. Todo lo excluido de esa canasta, el asegurado y sus familiares, legalmente, podían reclamarlo en los servicios de salud pública gratuitos. Al no disponer de suficientes recursos, el INSS no puede darle cobertura integral a sus derechohabientes.
4. Accidentes graves provocados en su mayoría por conductores irresponsables, demandan servicios costosos de emergencia y hospitalización. Nadie responde por el daño causado a la economía de los hospitales. Debería la Asamblea Nacional dictar una ley más estricta que obligue a todos los conductores sin excepción, comprar un seguro de cobertura total. Las primas serían menores ya que todo el tránsito vehicular a nivel nacional estaría incluido.
4. Las costosísimas consultorías de internacionales, cuyos resultados hasta hoy, no se aprecian.
5. Médicos especialistas que harían una excelente labor a nivel asistencial, medran en cargos con jugosos salarios en el difícil campo de la administración de la salud pública. Para colmo, la esperada Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, promulgada a finales del 2003, está en espera de ser reglamentada y al paso que vamos terminará su período el señor Presidente y no será implementada. Así que sigamos permitiendo que nuestros escasos recursos los agote una burocracia repleta de correligionarios y familiares.
6. Funcionarios sin escrúpulos, que usando diferentes excusas, se aprovechan para sustraer enormes cantidades de medicamentos.
7. Finalmente, funcionarios incapaces, que no advierten la caducidad de importantes cantidades de medicamentos, que todos sabemos terminan alimentando grandes hogueras.
El autor es médico y experto en salud pública.
