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El ahorro de combustible
El aumento del precio del combustible y de la energía que se genera básicamente con subproductos del petróleo, está teniendo consecuencias devastadoras para Nicaragua.
Los pronósticos optimistas que se hicieron a raíz del derrocamiento de la tiranía de Saddam Hussein, eran de que sólo sería necesario esperar un poco de tiempo para que se reconstruyera Irak y se liberaran sus cuantiosas reservas petroleras, y el precio del crudo bajaría a menos de 20 dólares el barril. Pero la situación militar en Irak se complicó y el precio del petróleo ha subido a más de 41 dólares por barril, la mayor alza desde 1990, cuando la primera guerra del Golfo Pérsico.
En realidad, Nicaragua está sufriendo un castigo inevitable por la falta de capacidad, previsión y responsabilidad de todos sus gobernantes en los últimos cincuenta años, que no se han preocupado por diversificar las fuentes de energía.
Pero la diversificación energética es un proyecto de mediano y largo plazo. Lo urgente ahora es adoptar medidas efectivas para reducir el gasto del combustible cuyo precio es cada vez más insoportable. Al respecto, las variantes que aplican en estos casos los distintos países, según sea la naturaleza de su sistema económico-social, son el ahorro voluntario simple o inducido por medio de una política de estímulos a quienes gasten menos, o el control estatal de precios y el racionamiento directo que se acostumbra en los países autoritarios, como Cuba, y como era en Nicaragua durante el régimen sandinista.
Ahora lo que cabe en Nicaragua es el ahorro voluntario e inducido, para lo cual es indispensable llevar a cabo apropiadas campañas de propaganda, a fin de motivar el ahorro de combustible a quienes pagan por él; así como también se debe obligar a disminuir el consumo de quienes lo gastan gratuitamente. En realidad, la gente que paga de sus propios ingresos y sueldos por el combustible y la energía, siente en carne propia la imperiosa necesidad de gastar menos en esos rubros. Distinto es el caso de los funcionarios públicos, quienes por la práctica de Estado-botín que han impuesto los cacicazgos políticos, en términos generales no sólo gastan sino que derrochan el combustible, porque a ellos nada les cuesta.
Tal es el caso de los diputados, el cuerpo más parasitario del Estado, que consumen anualmente y de manera gratuita unos 215 mil galones de gasolina y diesel (200 mensuales para cada uno de los 91 parlamentarios), lo que equivale a más o menos nueve millones de córdobas. Y eso es sólo para los diputados propietarios, a título personal, como una regalía mensual adicional al jugoso sueldo básico de 4,000 dólares mensuales; más los 400 mil córdobas que se asignan anualmente para “obras sociales” con fines proselitistas.
Semejante derroche en medio del grave encarecimiento actual del combustible y frente a las grandes limitaciones que está sufriendo la población, es tan vergonzoso que uno de los diputados liberales, Jaime Morales Carazo, reconoció públicamente que ellos deberían renunciar a tales privilegios. Morales propuso de manera extraoficial y al menos con fin publicitario, que de inmediato se reduzca en cincuenta por ciento la asignación de combustible a los diputados y que posteriormente se les disminuya gradualmente hasta suprimirla por completo.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Asamblea, el también liberal Wilfredo Navarro, desestimó la sugerencia de su colega y correligionario y más bien se quejó de que la regalía de combustible a los diputados está limitada a 200 galones mensuales, mientras que, aseguró, los funcionarios del Poder Ejecutivo no tienen límites. No obstante, se conoce que en el Gobierno central se ha reducido la asignación personal de gasolina y diesel, siendo la última vez en este mismo mes de mayo, en 32 por ciento. Una disminución que debió ser para todos los funcionarios del Estado porque ellos, que viven del trabajo de las personas particulares, deberían predicar con el ejemplo en la campaña de ahorro de combustible para hacer frente a la crisis energética que está agobiando a la Nación.
¡Ah! También se debe obligar a pagar por la electricidad que consumen los que están conectados ilegalmente, o desconectarlos sin contemplaciones, porque lo que ellos no pagan lo deben pagar injustamente los demás.
