Néstor Avendaño
La polémica desatada entre los servidores públicos y los empresarios privados por el aumento de la tasa de impuesto específico de consumo de cigarrillos, con la finalidad de financiar el vaso de leche para los estudiantes de primaria se basa, por el lado gubernamental, en “que el cigarrillo es un mal, es un vicio, mata y que en Nicaragua el precio del cigarrillo es más barato que en el resto de Centroamérica” y, por el lado empresarial, “que no acepta más impuestos a la empresa privada después de tres reformas tributarias, que el Gobierno se comprometió a que no iban a hacer más reformas fiscales y que el país ya tiene la carga tributaria más alta en Centroamérica y entre más impuestos se impongan más se ahuyenta la inversión”.
Tengo la impresión que el argumento gubernamental corresponde más al que haría un médico que un formulador de política económica, ya que el fumador sabe que su salud corre un riesgo similar al de la persona que lo rodea cuando enciende un cigarrillo. En ese sentido, la legislación ha ordenado prevenir al fumador y evitar el fumado en ciertas áreas y recintos; por otro lado, al afirmarse que el precio de este producto es el más barato en Centroamérica, cabe recordar que el Gobierno de Nicaragua también ha fijado el menor salario mínimo mensual legal para las actividades no agropecuarias entre los países centroamericanos, equivalente a US$65 y al 45 por ciento del nivel promedio centroamericano en 2003.
En cambio, el argumento empresarial apunta al fortalecimiento de la confianza del inversionista privado, sea nacional o extranjero, ya que la administración del ingeniero Enrique Bolaños deterioró la certidumbre empresarial al alterar la política tributaria en tres ocasiones entre octubre del 2002 y mayo del 2003.
Es cierta la afirmación del empresariado nicaragüense sobre la mayor carga tributaria de Nicaragua al ser comparada con el resto de países centroamericanos. En el 2003, el Gobierno Central de Nicaragua se apoderó del 16 por ciento del valor de la producción en concepto de impuestos, y continuar elevando esta carga tributaria reduce las posibilidades de incrementar el ahorro real (no me refiero al saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en el Sistema Financiero Nacional sino a la proporción de la producción que no se consume) y, por ende, desestimula el gasto inversionista, que es vital para garantizar un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo.
Con fines comparativos, países centroamericanos con un mayor grado de industrialización, como son Guatemala, El Salvador y Costa Rica, tuvieron cargas tributarias de 10 por ciento, 12 por ciento y 13 por ciento respectivamente en el 2003. Honduras, país que nos acompañó en ese extraño club de 43 países pobres muy endeudados del mundo, con una economía más agropecuaria que industrial, tuvo una carga tributaria igual a la de nuestro país, lo cual no es una extraña coincidencia: los países más pobres tienen las cargas tributarias más elevadas.
Continuar elevando la carga tributaria sobre el consumo de los nicaragüenses significa continuar aumentando la inequidad en la distribución de la carga tributaria entre la población del país. He de recordar a los servidores públicos que, antes de entrar en vigencia la Ley de Equidad Fiscal en mayo del 2003, el 20 por ciento de las familias nicaragüenses con mayores ingresos tenía una presión tributaria 20 por ciento inferior a la carga impositiva promedio, mientras que el 20 por ciento de las familias nicaragüenses con menores ingresos tenía una presión tributaria 96 por ciento mayor a la carga promedio. Los servidores públicos, incluyendo a los asesores y consultores, deberían preocuparse en honrar el nombre de la ley arriba citada, porque los que tienen más deberían pagar más impuestos y los que tienen menos deberían pagar menos impuestos (equidad horizontal), y aquéllos que tienen lo mismo deberían pagar el mismo monto de impuestos (equidad horizontal)
Además, ahora que se ha disipado la jactancia gubernamental de haber liberado al país de una pesada carga del saldo y del servicio de la deuda externa, al haberse alcanzado el Punto de Culminación Flotante de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME) en enero de este año, aparentemente los servidores públicos se han olvidado de los recursos liberados del pago de la deuda externa para financiar proyectos que mitiguen la pobreza humana del país, entre los cuales bien cabe el del suministro del vaso de leche a los estudiantes de primaria.
En foros nacionales e internacionales, hemos demostrado ampliamente que, con la complacencia del Fondo Monetario Internacional, más de la mitad del alivio interino de la Iniciativa PPME, y ahora del alivio total, ha sido asignada al pago de la onerosa deuda interna en concepto de las subastas de Certificados Negociables de Inversión (Ceni) realizadas por el Banco Central de Nicaragua y, por otro lado, con cierta decepción, hemos observado que gran parte de ese alivio también sirve para financiar el “fortalecimiento” de las instituciones estatales involucradas en la reducción de la pobreza, que se traduce en el pago de la planilla de un ejército de asesores y consultores que pululan en los pasillos del sector público. Valdría la pena que el Gobierno rectificara en el uso de los recursos liberados del pago de la deuda externa, ya que la voluntad política del Grupo de los 7 (G-7), expresada en la Cumbre de Colonia, Alemania, en junio de 1999, fue la asignación exclusiva de dichos recursos para la reducción de la pobreza humana del país.
Finalmente, Nicaragua puede compararse, por supuesto, al resto de los países centroamericanos, pero no en una forma divorciada del entorno económico regional ni en una forma muy puntual como lo manifiestan los servidores públicos al fijarse en el precio de una cajetilla de cigarrillos. No deben obviar los asesores del señor Presidente que la producción de Nicaragua apenas participa con el 5 por ciento en el valor total de la producción del istmo; que el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses, US$750 en 2003, es igual al 35 por ciento del ingreso per cápita promedio anual de los centroamericanos, mientras que en Costa Rica fue de US$4,200; y también no deberían olvidar que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe.
Por lo anterior, los nicaragüenses estamos obligados a insistir que debería reducirse todo el gasto corriente (salarios y compras de bienes y servicios de consumo) del sector gubernamental, en particular, y del sector público, en general, para adecentar el gasto social presupuestario y, así, evitar el craso error de los servidores públicos de continuar elevando la carga tributaria para dar respuestas “puntuales” a las necesidades más sentidas de la población.
El autor es economista.
