Emilio Porta [email protected]
El 23 de abril recién pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia 19, en la que dio lugar al recurso de inconstitucionalidad que el Consejo Nacional de Universidades introdujo en contra de la Ley 481, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2004. Diferentes juristas y políticos han expresado sus diferencias en cuanto a la legalidad y a los alcances de dicha resolución. El Gobierno y directivos de la Asamblea Nacional han manifestado sus reservas sobre la misma, y no está claro si dicha resolución será aplicada.
En este artículo me quedo al margen del análisis político y jurídico de la resolución, y abordo la temática desde el ámbito de la economía de la educación.
El gasto en educación superior en Nicaragua, como porcentaje del gasto total en educación, es superior al promedio de América Latina y al promedio de los países desarrollados. Según datos de la UNESCO, en el 2001 los países desarrollados y de América Latina destinaron en promedio 24 por ciento y 20 por ciento, respectivamente, de sus presupuestos en educación a la educación superior, mientras que en Nicaragua se destinó un 29 por ciento.
A pesar que en Nicaragua más de 800 mil niños quedan fuera del sistema escolar y que el país requiere de un esfuerzo extraordinario para alcanzar la universalización de la educación, somos el segundo país del continente, después de Estados Unidos, que destina mayor porcentaje de su gasto en educación para favorecer a la educación superior.
El presupuesto de las universidades crece más rápido que la matrícula de estas casas de estudios. El fuerte incremento presupuestario recibido por las universidades favorecidas por el 6 por ciento ha sido significativamente superior al crecimiento observado en la matrícula de estas casas de estudios. Mientras la matrícula en 2000 fue 91 por ciento superior a la observada en 1985, el subsidio entregado por el Estado creció en 2,050 por ciento. Esta situación supone un drástico incremento en los costos por alumnos.
Los pobres y pobres extremos rara vez acceden a la educación superior. Utilizando la EMNV´01 se puede determinar que por cada año escolar que se avanza en el sistema educativo, la brecha de las probabilidades de terminación del año escolar entre las personas del quintil superior y quintil inferior de consumo aumenta en 3.7 puntos porcentuales promedios. Es así, que mientras la probabilidad de terminar el primer grado para las personas del quintil superior y el quintil inferior son de 99 por ciento y 78 por ciento respectivamente, en el último año de secundaria las probabilidades de terminación de estos quintiles son de 85 por ciento y 24 por ciento respectivamente.
A medida que se avanza en el sistema educativo, los pobres y pobres extremos van disminuyendo su participación en éste; al punto que no se encuentra presencia de los pobres extremos en la composición de la matrícula de educación superior, la cual está compuesta por un 94.3 por ciento de estudiantes que provienen de familias no pobres y un 5.7 por ciento que proviene de familias pobres.
En resumen, en Nicaragua se destinan, en relación a la educación básica, más recursos a las universidades que el resto de países de América Latina, el crecimiento en la matrícula de las universidades que se benefician con el 6 por ciento no es equivalente al aumento presupuestario que han recibido en los últimos años y con los recursos que se destinan a las universidades se beneficia en mayor medida a los que menos lo necesitan, los no pobres.
El autor es funcionario del MECD.
