Moisés Martínez
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Enredo legal en alza del agua
Moisés Martínez
El alza en la tarifa de agua potable anunciada por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (Enacal), está atrapada en una telaraña legal provocada por los diputados de la Asamblea Nacional cuando reformaron a finales del año pasado la Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
La reforma a esta ley vino de la mano prácticamente de lo que fueron las reformas a la Ley Creadora de Enacal, ya que ambas fueron aprobadas en diciembre del año pasado.
La reforma a la Ley Creadora de Enacal implicó para esta entidad la exoneración del pago de cualquier tipo de impuestos contemplados en la legislación tributaria nacional, así como que fuera considerada una gran consumidora de energía, lo que implica también una reducción en el pago de la tarifa eléctrica.
DIPUTADOS DIERON LUZ VERDE A INCREMENTO
El vacío dejado por los parlamentarios se encuentra en las reformas a la Ley de Servicios, específicamente en los artículos 37 y 91.
En primer lugar, la reforma del artículo 37 establece que Enacal podrá solicitar un alza en la tarifa eléctrica cuando el costo de sus componentes (gastos de energía, devaluación, gastos operativos y salario mínimo) aumente en un diez por ciento (anteriormente era cinco) de su promedio anual.
Sin embargo, en el artículo 91 se establece que Enacal no podrá incrementar la tarifa de agua potable durante un año completo a partir de la entrada en vigencia de todas esas reformas, las que fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta el pasado 23 de diciembre.
Esto pone en una encrucijada al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), ente regulador que finalmente es quien aprueba todo incremento tarifario, en vista de que técnicamente los gastos operativos de Enacal se han incrementado en un diez por ciento.
“Prácticamente Enacal está subsidiando esas tarifas. Sin embargo, la ley establece no incrementar la tarifa durante un año a partir de su entrada en vigencia, por lo que una aprobación de un incremento nos expone a una demanda judicial. Por eso, tendrán que ser los diputados con Enacal los que resuelvan ese aspecto legal”, mencionó vía telefónica William Artiles, jefe del departamento de Servicios al Usuario del INAA.
Hoy el presidente de Enacal, Luis Debayle, se reunirá con los diputados de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional para discutir este “choque” entre ambos artículos de la ley.
“En realidad existe esa falla que debe ser resuelta por los diputados y me imagino que en la reunión ese es el punto principal que se va abordar. Esto pasó porque se tardaron mucho en la aprobación de esas reformas, ya que fueron presentadas en junio y se aprobaron en diciembre”, dijo Alberto Avellán, gerente de Enacal.
