Mirna Velásquez Sevilla
La Contraloría General de la República (CGR) fue requerida por la juez Juana Méndez para que envíe información sobre cincuenta cheques librados a favor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), emitidos desde distintas instituciones del Estado, entre 1999 y el 2001.
Esta nueva información bancaria fue enviada hace unas semanas por el Banco de la Producción (Banpro) a la Contraloría General de la República (CGR), y según la juez, se trata de más cheques que aún no han sido remitidos a su judicatura.
“Lo que se quiere verificar es cuáles son esas firmas libradoras. Esos cheques es lo que en este momento estoy investigando porque sé que la documentación que proporcionó el Banpro es de mucho más volumen y esa es la que está trabajando la Contraloría”, declaró Méndez.
La solicitud de Méndez se extendió hacia el Banco Central de Nicaragua (BCN), Bancentro, Banco Uno, Banpro, Banco de Finanzas, y se incluye información de los desaparecidos Banic, Banco de Crédito Popular e Interbank, para que detallen la identidad de los titulares de las cuentas y de las firmas libradoras.
En la solicitud, Méndez pormenorizó a los contralores y bancos, los números de las cuentas de cuyos fondos se iban a hacer los diferentes pagos al PLC.
LOS MONTOS
En una rápida revisión de las fotocopias de los cheques que están en manos de la juez Méndez, se pudo apreciar que desde una cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se ordenó el pago a favor del PLC de 34,588 córdobas y aparece una firma libradora autorizando el pago.
Otro cheque fue girado desde el Instituto Nacional Tecnológico.
Desde la empresa de telefonía estatal, Enitel, salieron varios cheques, uno de ellos por 52,670 córdobas y el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) emitió otro cheque por 24 mil 950 córdobas.
EFECTOS DE LA LEY ELECTORAL
La sentencia por el juicio por supuesto delito electoral, está cerca de ser dictada. En este momento se están realizando las últimas diligencias del caso.
La juez Juana Méndez se abstuvo de valorar cuáles serán los efectos políticos de la sentencia en caso de comprobarse que el partido del gobierno haya usado fondos del erario con fines electorales. No obstante, dijo que la Ley Electoral es clara en ese aspecto.
“De haber determinados efectos, es responsabilidad de quienes en todo caso hayan sido responsables de utilizar los fondos del Estado, patrimonio del pueblo Nicaragua, con fines ilegales; y en todo caso si alguien violenta la ley, la conoce y comete actos en los cuales se le atribuye una responsabilidad por sus actos, entonces deberán asumir sus actos”, sentenció.
Méndez consideró imprudente hacer alusiones a los efectos mientras no haya una sentencia.
Cabe señalar que la Ley Electoral establece sanciones e inhabilita de sus cargos a los funcionarios públicos que haya violentado dicha ley.
