MTI favoreció a Hispánica

Una decisión estatal que debió basarse en conocimientos técnicos de ingeniería y arquitectura, recayó en expertos en leyes. Tres abogados que trabajan para instituciones del Estado, nombrados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) fueron los que decidieron otorgar a la empresa Constructora Hispánica, la ejecución del proyecto de ampliación de la carretera Ticuantepe – Granada.

Los tres abogados, que eran los miembros del Comité Revisor de la Licitación Pública del Proyecto Número 003/02, “Construcción de las Obras de Desdoblamiento de la Carretera Managua – Masaya -Granada, fueron nombrados conforme la resolución número 16-2003, por el ministro de Transporte, Pedro Solórzano, con el fin de resolver el recurso de impugnación que presentó la empresa Constructora Hispánica, la cual se quejó porque en un inicio un equipo de expertos del Ministerio de Transporte e Infraestructura la descalificó del concurso de licitación, por presentar una oferta “de mucho riesgo” y “temeraria”.

En octubre del 2002 fue formado un subcomité técnico del MTI, con los ingenieros José Ángel Gutiérrez, Juergens Lacayo Martínez, Mario Palacios García y Marcela Guirola.

Ellos se encargaron de analizar las ofertas presentadas para adjudicar ese proyecto, pero encontraron méritos suficiente para descalificar a la firma Constructora Hispánica, la cual cometió “errores no subsanables” al presentar su oferta, la cual en todos los aspectos resultó ser demasiada barata y carente de calidad en comparación a las otras dos empresas oferentes.

El grupo de expertos concluyó su informe diciendo que “este Comité de Licitación descalifica a la empresa Constructora Hispánica, ya que durante la revisión preliminar se determinó que el valor de su oferta económica es 21.31 por ciento más que baja que el presupuesto base, lo que nos lleva a concluir que es una oferta de mucho riesgo, considerando además que no incluyó en su programa de trabajo como parte de las actividades a realizar, las correspondientes a la elaboración de los planos constructivos del proyecto”.

Para los expertos en construcción, la empresa que cumplía con los requisitos técnicos y financieros era la firma FCC Constructores, y por ello le otorgaron el proyecto.

Pero Hispánica impugnó la selección y el MTI formó una comisión para revisar la situación.

Así, las advertencias de los expertos no fueron tomadas en cuenta por los abogados que integraron el Comité Revisor de la Licitación. Alejandro Ríos Castellón, hermano del fallecido diputado Pedro Joaquín Ríos, quien funge como secretario general del MTI, asumió la presidencia del Comité de Revisión; integrado además por Bruno Vidaurre Galeano, director de Normas de Ejecución y Asistencia Técnica de la Dirección General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda; y por René Román Reyes, Procurador Regional para el sur de Nicaragua.

Ellos reevaluaron las ofertas y alegaron que la de Hispánica era la más favorable en términos económicos, porque significaba 5.9 millones menos en gastos que la de FCC Constructores. Por eso le entregaron el derecho de ejecución a Hispánica.

SOLÓRZANO CONTRADICTORIO

Según el ministro Solórzano, fueron las instituciones las que nombraron a sus representantes en el comité de revisión, lo que contradice claramente el acta resolutiva del MTI.

“En la Ley 290 se establece que tienen que ser las instituciones los que nombran a estos representantes. No tienen que ser juristas, pero sí son las instituciones las que los nombraron”, declaró Solórzano a LA PRENSA.

“Pero ellos (los miembros) sólo ven la parte jurídica, pero la parte técnica la debían de haber conocido por medio de los técnicos del MTI. Cuatro ingenieros son los que dijeron que había que dárselas a los del segundo lugar”, reconoció el funcionario.

Según una copia del acta resolutiva del MTI, fechada el 13 de marzo del 2003, el mencionado Comité Revisor estaba “obligado en primer orden a garantizar la legalidad del proceso, así como proteger los intereses del Estado”. Es decir, primero lo legal y luego lo técnico. Fue así que la empresa Constructora Hispánica, que tiene cinco meses de retraso y no ha construido un solo kilómetro de carretera de los 31.5 que tiene que construir en los 19 meses, se adjudicó el proyecto.

ULTIMÁTUM

Antes del jueves próximo, los representantes de Hispánica tendrán que entregar al MTI un informe sobre cuáles serán las medidas que implementarán para evitar que continúe atrasado el proyecto.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano dijo que pidieron al representante legal de Hispánica, elegir entre tres medidas sugeridas por el MTI, que son, incrementar el número de equipos de 28 a 56, contratar más empresas, nicaragüenses o centroamericanas, o traer sus propios equipos desde España.

“Ellos se habían mal asesorado. Entraron a trabajar en Nicaragua y pensaron que aquí iba a haber adéndum y que esto iba a subir el precio del proyecto, como es el caso de la etapa inicial de la carretera, que costó tres veces más de lo que estaba previsto. Pero esto no está contemplado y si pasara, pues LA PRENSA sería la primera en saberlo y sólo se haría en un caso realmente extremo o increíble”, declaró Solórzano.

LO QUERÍAN BARATO

Según el ministro Pedro Solórzano, otra falla en la que incurrió Hispánica fue estimar que podía contratar empresas constructoras nacionales por sumas bajas. “Ese fue un precio temerario. Como es un precio bajo, por ese precio bajo es que quieren contratar a las empresas nacionales y ha sido una romería de constructores los que han llegado a platicar con ellos y no han llegado a acuerdos”, mencionó.