Abelardo Morales Gamboa
La migración es hoy día, tanto para los países expulsores como para los receptores, además de asunto doméstico un tema de agenda internacional. Sin embargo, no se pueden exigir en el plano internacional las responsabilidades que no son atendidas en el ámbito doméstico.
Eso es claro en el caso de Nicaragua donde la principal industria es la exportación de mano de obra. Casi un 20 por ciento de la población económicamente activa, trabajando en oficios de baja calidad en el exterior, genera una renta nacional de unos US$500 millones anuales, pero se estima que ésta puede ser mayor. Ese ingreso supera el valor de las exportaciones de otros bienes, el monto de la cooperación no reembolsable y la inversión directa. Ése es el beneficio anual directo generado por las remesas, y sobre el mismo descansan la actividad financiera, el comercio, la pequeña y mediana inversión agrícola, e inclusive el turismo. Costa Rica es el segundo destino de esa actividad. Estados Unidos es, como en todo, el principal mercado.
Ese esfuerzo ha implicado un enorme sacrificio por parte de la masa más pobre de la población nicaragüense, que ha asumido el protagonismo de salvar al país por la vía de la migración. Paradójicamente, ni el Estado, ni las élites políticas, y tampoco la iniciativa privada, han recompensado este sacrificio con un esfuerzo similar para salir del estancamiento económico y superar la pobreza, sin esperar que esa responsabilidad provenga de la comunidad internacional.
Esa posición de Nicaragua en el capitalismo globalizado no ha sido casual. Es el efecto acumulado de crisis económicas y militares, de las políticas económicas, desde la revolución hasta los programas de ajuste más recientes; pero entre sus causas más nefastas se cuenta una corrupción alarmante. En suma, el patrimonialismo autoritario, junto al saldo de la guerra, las tendencias centrífugas de la globalización y de la reforma neoliberal, así como la recesión convertida ya en norma y no en la excepción, están entre los factores que han expulsado a los nicaragüenses fuera de sus fronteras. Y si bien al Estado no le cabe toda la responsabilidad de sus causas, con una inversión social tan baja no compensa el impacto de esa crisis crónica sobre los grupos más vulnerables, y no sólo no mitiga sino que, más bien, estimula más emigración.
El Estado nicaragüense se ha limitado a cumplir las funciones mínimas del estado neoliberal, la administración fiscal y el control social. La inversión estatal en la gente es tan poca, una décima de lo que invierten sus vecinos Costa Rica y Panamá, respectivamente, que la población ha debido encontrar sus propias formas de sobrevivencia al margen del concurso estatal. Si a ello sumamos la actitud de una clase política, que ha dividido a las instituciones del Estado en bancadas, y que se muestra más ocupada en dirimir sus conflictos inter-elitistas que en asumir sus responsabilidades con el desarrollo del país, el panorama se presenta bastante desolador.
Ante la diametral diferencia entre el aporte macro-social de los inmigrantes y ese minúsculo compromiso del Estado y de las clases dirigentes con el desarrollo del país, no parece razonable que las autoridades nicaragüenses acudan a una estrategia para exigir afuera responsabilidades que no se les cumplen a sus ciudadanos en su propio país. Por supuesto que los inmigrantes merecen condiciones de vida dignas y protección a sus derechos, y el Estado del país receptor debe procurar asegurarlas. Pero exigirlas como pretexto para no dar un voto, pone al descubierto que esa misma mezquindad es parte de las causas de tanta pobreza en Nicaragua.
El autor es sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
