Rhina Cardenal DeBayle
Comprendo perfectamente la situación que enfrentan los compatriotas nicaragüenses que residen legal o ilegalmente en Costa Rica, donde sus valiosos aportes a la economía y desarrollo de la vecina nación no son justamente reconocidos, a pesar que desempeñan las labores productivas que los costarricenses consideran denigrantes para ser desempeñadas por ellos mismos.
Sin embargo, por el hecho de existir una gran colonia nicaragüense en Costa Rica no puede Nicaragua poner en peligro su soberanía territorial, ni permitir que los conciudadanos nicaragüenses sean utilizados como peones para chantajear al país.
Es un hecho que la Presidencia del señor Rodríguez no es de grata recordatoria para los nicaragüenses. La amnistía otorgada a los compatriotas que residían ilegalmente en Costa Rica, y de la que hace alarde el señor Rodríguez como “muestra” de su no animadversión contra nuestro pueblo, fue una medida necesaria para legalizar la mano de obra de la que depende la producción de su país, y no una limosna a los compatriotas nicaragüenses.
El ex presidente Rodríguez, aprovechando las debilidades políticas, económicas y diplomáticas de Nicaragua y la situación de los inmigrantes nicaragüenses pretendió adjudicar a Costa Rica derechos sobre el territorio nacional (el río San Juan es parte del territorio soberano de Nicaragua) que no se los concede ningún tratado o laudo y que atropellan la soberanía nacional. El derecho otorgado por el Laudo a Costa Rica a navegar en una parte del río San Juan se limita al transporte de objetos de comercio, es decir, transportar mercancías, y no a navegar con objetivos comerciales, como continúa pretendiendo el señor Rodríguez.
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe el tránsito de fuerzas armadas extranjeras sobre el territorio nacional, a como también lo pretende el señor Rodríguez, si no es con la aprobación de la Asamblea Nacional y por el tiempo específico que ésta determine.
Igualmente, el irrespeto y atropello del ex presidente Rodríguez a los periodistas nicaragüenses fueron una constante durante su gestión.
El Gobierno de Nicaragua tiene obligación de defender la dignidad y la integridad de la nación nicaragüense. La presencia del señor Rodríguez en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, especialmente si Nicaragua le concede el voto para alcanzarla, constituye una amenaza al territorio nacional y la debilita ante las cortes internacionales al respecto.
El Gobierno nicaragüense no sólo debe abstenerse de dar su voto a este individuo si Costa Rica no acepta ante la comunidad internacional la soberanía absoluta de Nicaragua sobre el río San Juan, sino que debe también dejar plasmada legalmente ante las naciones americanas el temor y desconfianza de que este señor utilice su cargo en contra de nuestra integridad territorial.
Igualmente, Nicaragua no puede seguir permitiendo el chantaje con el estatus migratorio de los inmigrantes nicaragüenses y los atropellos de que son víctima por parte de las autoridades costarricenses, lo cual debe también ser denunciado ante los mismos Estados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las relaciones amigables entre dos naciones se logran cuando hay mutuo respeto a los derechos soberanos de cada una. Nicaragua no ha ofendido la dignidad de Costa Rica al condicionar el voto por Miguel Ángel Rodríguez. Costa Rica sí ofende la dignidad de los nicaragüenses cuando pretende atropellar su soberanía y cuando utiliza a los inmigrantes para usurpar derechos que no le corresponden.
Soy orgullosamente nicaragüense, como el río San Juan, por la gracia de Dios.
La autora es periodista.
