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La condena del asesino
Al día siguiente que asesinaron al periodista Carlos Guadamuz, es decir el 11 de febrero recién pasado, dijimos en esta misma columna editorial que se debía dar un voto de confianza a las autoridades policiales y judiciales a fin de que pudieran demostrar su profesionalismo, imparcialidad y capacidad para esclarecer y resolver este caso, sin duda muy delicado y escabroso.
Por supuesto que LA PRENSA, como medio de información profesional e independiente que sirve a la comunidad y no a los intereses de ningún poder ni personaje poderoso de la sociedad, no podía ni debía limitarse a esperar que las instituciones policial y judiciales cumplieran con su obligación. Al contrario, teníamos que hacer nuestras propias pesquisas imparciales y objetivas, las cuales ayudaron mucho a la investigación oficial.
Precisamente por eso, directivos y periodistas de LA PRENSA fueron gravemente amenazados por el jefe del FSLN, Daniel Ortega, el 21 de febrero pasado, y por otros dirigentes de ese partido, para amedrentarnos y que no siguiéramos investigando y publicando evidencias sobre el trasfondo político del asesinato de Guadamuz.
Inclusive periodistas sandinistas —pero no orteguistas— denunciaron haber recibido presiones y/o intimidaciones por sus informaciones y opiniones acerca del mismo caso. Y la verdad es que en términos generales esas presiones y amenazas surtieron efecto, pues prácticamente sólo LA PRENSA y unos pocos medios independientes continuaron investigando e informando sobre los entretelones políticos del asesinato del periodista Carlos Guadamuz.
Ahora bien, sin dudas que era correcto abstenerse de prejuzgar y condenar precipitadamente a alguien, persona natural o partido político, inmediatamente después del asesinato de Guadamuz, por mucho que las circunstancias, la personalidad y trayectoria política del asesinado, así como los antecedentes del asesino y sus presuntos cómplices, hacían apuntar las sospechas en una dirección determinada. Sin embargo, debían ser las autoridades policiales y judiciales las que sacaran a luz las motivaciones reales del asesinato, y que confirmaran la existencia o no de autores intelectuales, después que el autor material fue providencialmente capturado, in fraganti, en el mismo lugar del hecho.
Lamentablemente una vez más hemos tenido que comprobar que de las actuales autoridades judiciales no se puede ni se debe esperar mucho, cuando se trata de casos en los que de alguna manera directa o indirecta están relacionados ciertos intereses y personajes poderosos. En efecto, a partir de que se determinó que el asesino de Carlos Guadamuz sería condenado directamente por una “juez de derecho”, o sea que no sería sometido a un tribunal de conciencia a pesar de la naturaleza, gravedad y circunstancias políticas del delito, o quizás por eso mismo, se comprendió que se quería evitar que se siguieran haciendo averiguaciones sobre el caso del periodista y disidente sandinista asesinado.
Y ahora que el proceso llegó prácticamente a su fin con la condena del asesino material de Carlos Guadamuz a 18 años de presidio, y a otros tres años de prisión por haber intentado matar también a un hijo del periodista asesinado, no queda más que admitir que el trasfondo de este asesinato político quedará oculto para siempre, lo mismo que quedaron en el “misterio” otros crímenes políticos del reciente pasado, por ejemplo el del ex comandante de la Contra, coronel Enrique Bermúdez.
La sentencia de 21 años de presidio impuesta al asesino del periodista Carlos José Guadamuz se podría considerar suficiente, comparada con la pena mínima que pidieron sus defensores. Pero la verdad es que el asesino material del periodista Carlos Guadamuz merecía que le impusieran la pena máxima, de treinta años,
Además, la sentencia de 21 años se podría convertir en prácticamente nada si al asesino de Guadamuz le aplicaran luego —como seguramente le aplicarán— la regla del dos por uno en el cumplimiento de condena, que la reduciría a diez años y medio. Y lo podrían beneficiar además con la libertad condicional, que significa cumplir sólo tres cuartas partes de la pena.
Y antes de todo eso podrían indultar a William Hurtado por ser un “excelente compañero”, como lo elogió 15 días después del asesinato el coronel Lenín Cerna, antiguo jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) del régimen sandinista, quien además calificó al asesinado como traidor al FSLN.
