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Marca de civilización
En la actualidad, la vigencia y respeto a los derechos humanos es considerada como la principal marca de civilización de los estados. Sin embargo esta marca de civilización vale sólo para el mundo Occidental, pues en el Oriente y África en términos generales la regla sigue siendo el desconocimiento y la violación de los derechos humanos, tanto de manera individual como en forma colectiva, salvo en los países asiáticos y africanos “occidentalizados”, en el sentido de que han adoptado los principios y normas de la libertad y la democracia como forma de vida y gobierno, como Japón en Asia y la República Surafricana en África.
En Nicaragua la era de los derechos humanos se inició en 1976. Pero no porque en ese año se hubieran puesto en vigencia y se comenzaran a respetar los derechos humanos, sino porque a partir de entonces se principió a reconocer que era necesario luchar por ellos y hacerlos respetar.
Precisamente hoy, 20 de abril del 2004, se cumple el vigésimo séptimo aniversario de la creación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuya creación significó el comienzo de la lucha por algo que ahora se considera como algo normal y que, inclusive, está consagrado en la Constitución Política de la República, como es la doctrina, los principios y normas de derechos humanos.
En realidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, fue aprobada por Nicaragua que en ese tiempo estaba gobernada por el presidente Víctor Manuel Román y Reyes, quien se comprometió legal y solemnemente “a asegurar, en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.
Posteriormente, en 1970 Nicaragua se adhirió a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969 por la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, de la OEA, con la participación del Gobierno nicaragüense que estaba presidido por el último gobernante de la época somocista, general Anastasio Somoza Debayle.
Pero la adopción formal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y del Pacto de San José, de 1969, no significó que los derechos humanos se pusieran realmente en vigencia y fueran efectivamente respetados en Nicaragua, ni en muchos otros países de América Latina y el Caribe.
La verdad es que fue hasta que el presidente Jimmy Carter asumió el poder en Estados Unidos, en enero de 1977, y estableció la doctrina de Derechos Humanos como base de su política exterior, que en Nicaragua se comenzó a luchar por su vigencia y respeto. De manera que sólo tres meses después de que Carter asumiera la Presidencia de Estados Unidos, en Nicaragua se formó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que hoy celebra su vigésimo séptimo aniversario.
A partir de entonces la denuncia de las violaciones de los derechos humanos que de manera deliberada y sistemática, inclusive como política de Estado, se cometían bajo el régimen autoritario somocista, se convirtió en una bandera de lucha que movilizó poco a poco a casi toda la población, sensibilizó a la comunidad internacional a favor del pueblo nicaragüense y contribuyó de manera determinante a crear las condiciones internas y exteriores para la destitución del régimen somocista.
Sin embargo, la caída del somocismo no significó la puesta en vigencia de los derechos humanos sino la imposición de peores violaciones. Y aún ahora se violan esos derechos de una u otra manera, sobre todo los de carácter social y medio-ambiental, a pesar de que los textos internacionales de derechos humanos son parte de la Constitución de Nicaragua y de que hay una Procuraduría de Derechos Humanos y tres entidades no gubernamentales dedicadas a defenderlos.
Pero la violación de los derechos humanos ya no es una política de Estado, como lo era durante los regímenes autoritarios somocista y sandinista. E igual que en todas partes del mundo democrático, el hecho de que los derechos humanos sean legalmente reconocidos no significa que automáticamente están asegurados.
Los derechos humanos, como la libertad, hay que defenderlos permanentemente. Ése es el precio que obligatoriamente hay que pagar por su vigencia.
