José Luis [email protected]
Hay quienes sostienen que gobiernos dirigidos por caudillos son favorables para el crecimiento económico. Se argumenta que Nicaragua tuvo en los años 1946-77, bajo los Somoza, una etapa de expansión y bonanza económica y que más recientemente, en el período 1997-2001 bajo el gobierno del doctor Alemán, el Producto Interno Bruto creció de manera acelerada y en un contexto de estabilidad macroeconómica. En contraste, esas mismas personas argumentan que la economía estuvo relativamente estancada en el período de doña Violeta y que más recientemente, con el gobierno del ingeniero Bolaños, la economía “no termina de arrancar”.
La conclusión de lo anterior es que para que el país progrese sería conveniente regresar a un gobierno dirigido o supeditado a la sombra de un caudillo, y que transformaciones institucionales que afiancen la incipiente democracia son casi irrelevantes para el crecimiento económico. Esta tesis no solamente es peligrosa para la frágil institucionalidad. Es además falsa, desde la perspectiva integral del desarrollo.
Es cierto que en el período 1946-1977 Nicaragua tuvo las tasas de crecimiento económico más altas que ha experimentado a lo largo de su historia —impulsada por el auge mundial de postguerra—; y también es cierto que en ese período la economía en su aspecto macroeconómico estuvo muy bien administrada. Sin embargo, crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Este último concepto no se limita a altas tasas de crecimiento del PIB, incluye también aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gobernabilidad. Se trata, como se dice, de un desarrollo sustentable.
En ese sentido amplio de desarrollo el gobierno de los Somoza fue un fracaso. No creó instituciones ni estabilidad democrática. El deseo del caudillo de permanecer en el poder sembró la semilla que germinó en 1979. El grave declive económico de los ochenta —cuyos efectos todavía se sienten—, fue en cierta manera también responsabilidad directa de los Somoza. Al no haber creado instituciones, hicieron fracasar las posibilidades de desarrollo.
El factor principal que explica las diferencias fundamentales entre Costa Rica y Nicaragua en el período 1946-2000, es precisamente ese: el factor institucional y de gobernabilidad. Costa Rica desde mediados del siglo pasado, logró consolidar sus instituciones democráticas. El contraste económico con Nicaragua, es más que evidente. Al haber impedido los Somoza la consolidación de las instituciones, impidieron también el desarrollo económico y social. Como resultado, la gran bonanza algodonera y exportadora que tuvo lugar de los años cincuenta al setenta, terminó en nada.
No es cierto que el gobierno del doctor Alemán fue un éxito económico. La tasa de crecimiento del PIB en el período 1997-2000 (excluyendo 1999) fue de 4.6 por ciento ligeramente mayor al promedio —4.1 por ciento— de los últimos tres años del gobierno de doña Violeta. El año 1999, fue un año atípico como resultado de la ayuda internacional recibida por el huracán Mitch. También debe señalarse que en 1997-2001 Nicaragua tuvo el déficit fiscal y comercial más alto de América Latina en relación al PIB. Es falso que haya existido en ese período, una excelente situación macroeconómica.
Si bien es cierto, que en el período 2002-2003 ha prevalecido un relativo estancamiento —disminuyendo inclusive el PIB per cápita—, ello no se debe precisamente a la ausencia de los caudillos en el poder político. La desaceleración económica de los años recientes se explica por la contracción de la economía mundial, la baja en el precio del café, los efectos de las quiebras bancarias, y por el entorno político e institucional, no favorable a un repunte acelerado de la inversión.
Sin embargo, más importante que entrar en el análisis de los factores coyunturales que explican el comportamiento del PIB en un año u otro, lo que cabe es discutir las tendencias de largo plazo y especialmente preguntarnos si el entorno institucional es favorable o no, para un crecimiento sostenido de la economía nicaragüense. La respuesta lamentablemente es negativa. A pesar de los efectos positivos que tendrá la HIPC y el Cafta —de ser ratificado—, la debilidad institucional incide negativamente en las perspectivas de crecimiento económico, de mediano y largo plazo.
Nicaragua se enfrenta a comienzos del siglo XXI, sin haber resuelto el problema que Costa Rica resolvió desde mediados del siglo XX: el problema de la institucionalidad democrática, que en este contexto está indisolublemente ligado a la superación del caudillismo. Desde una perspectiva de largo plazo, de la misma manera que los Somoza hicieron imposible la construcción de instituciones en el siglo pasado, los caudillos de hoy imposibilitan la consolidación institucional, y dificultan por lo tanto la tarea aún pendiente del desarrollo.
El autor es economista.
