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Aventuras en un país HIPC
Los líderes del Partido Liberal Constitucionalista y el FSLN que están fraguando un nuevo pacto de repartición de los cargos y beneficios del Estado, pasando por la liberación de Arnoldo Alemán, suponen que pueden hacer impunemente todo lo que quieran.
Según ellos la comunidad internacional no haría nada en el caso de que decidieran deponer al Presidente de la República mediante una reforma constitucional o una asamblea constituyente para acortar el período presidencial, o destituirlo directamente como consecuencia de un fallo condenatorio dictado por la juez sandinista Juana Méndez, en el proceso por delitos electorales que está a punto de culminar.
En realidad es legítimo preguntarse: ¿Qué hizo la comunidad internacional para impedir los derrocamientos del presidente argentino Fernando de la Rúa, del primer mandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, quienes fueron electos democráticamente, mediante el voto popular, y derrocados por asonadas callejeras y conspiraciones políticas?
La verdad es que ante el rompimiento del orden democrático y constitucional en esos países, la comunidad internacional no hizo absolutamente nada, aparte de las inocuas declaraciones y las invocaciones formales de la Carta Democrática de la OEA, según la cual no se debe tolerar el derrocamiento de ningún gobierno que haya surgido de elecciones libres y limpias, pero en realidad se tolera.
Al respecto en el diario estadounidense en español, El Nuevo Herald, se citó recientemente a Michael Schifter, analista político del organismo no gubernamental Diálogo Interamericano, que tiene su sede en Washington D.C., quien aseguró que en el caso de Estados Unidos “ya no se ve una voluntad de hacerles frente a estos problemas (de atentados contra la democracia) como antes. El compromiso de Estados Unidos con la democracia es muy fuerte, hasta que choca con otros intereses, como el petróleo”.
Sin duda que así es, en términos generales. Pero eso no excluye la posibilidad de que haya situaciones particulares, como podría ser el caso de Nicaragua. Tal vez a eso se refería el martes de esta semana el representante de la OEA en el país, Sergio Caramagna, cuando dijo: “Yo no creo que haya ningún rompimiento del orden constitucional, sinceramente sería un suicidio para las personas que lo intentaran” (LA PRENSA, miércoles 14 de abril corriente). Y en el mismo contexto habría que considerar las expresiones del director de la AID, Andrew Natzios —que citamos en esta columna editorial el martes de esta semana— contra la corrupción en los poderes Judicial y Legislativo, lo mismo que el comunicado de la Mesa Global de Donantes acerca de las reformas institucionales que necesita de manera urgente Nicaragua.
En realidad los políticos aventureros podrían sufrir una grave equivocación si rompieran el orden democrático del país. A lo mejor con Nicaragua la comunidad internacional sí tiene un compromiso serio y lo cumpliría. ¿O será que a Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etc., no les importaría que se perdiera todo el esfuerzo que ellos mismos han hecho para sacar a Nicaragua del atolladero en que lo dejaron precisamente las políticas y latrocinios de quienes quieren volver a gobernar a como sea?
Sin duda que es cierto que, como dijo un diputado liberal disidente del PLC, el presidente Bolaños no puede gobernar eficazmente sólo con el apoyo de la comunidad internacional. Pero tampoco resolvería nada positivo para el país —ni para él mismo— si renunciara a la lucha contra la corrupción y por la despartidarización de las instituciones, y se uniera a los dos caudillos o a cualquiera de ellos.
La nación no gana nada y más bien pierde con los pactos de los caudillos. Lo que necesita hacer el Presidente de la República es convocar a la población y apoyarse en ella, y promover una amplia alianza democrática que le ofrezca a la gente algo mejor que el caudillismo, el autoritarismo y la corrupción de los partidos actualmente mayoritarios.
Sin dudas que lograr eso no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. La mayoría de los nicaragüenses ha expresado en las diversas encuestas que quiere algo diferente a los partidos corruptos PLC y FSLN. Y si ha votado por ellos en las elecciones es porque no se le ha presentado una verdadera alternativa.
