- El cacareado discurso de “la lucha contra la corrupción” que durante todo su gobierno ha manejado el presidente Enrique Bolaños, parece no haber
alcanzado a Bluefields, la cabecera de la Región Autónoma del Atlántico Sur, donde por más de 14 años los recursos y bienes del Estado se han despilfarrado en beneficio de pocos privilegiados que, a costa del erario, se han dado
una vida de ricos en un pueblo pobre. Nadie ha pagado sus desmanes
José Adán SilvaSergio León C.
Desde la base de cemento se alza un muro que refleja las obras de los niños: un multicolor mural que da la idea de una mejor vida de los niños blufileños, pintado por ellos mismos. Ahí se observan casas bonitas, soles radiantes, calles seguras, gente feliz y prosperidad social.
Arriba del mural, justo donde terminan los coloridos sueños de los niños, sobresale el enorme esqueleto rojo de hierros herrumbrosos de lo que debió ser el Palacio de la Autonomía. Es la obra de los adultos, y quizás el más alto y visible monumento a la corrupción de las administraciones gubernamentales de Bluefields que, como arte de magia, han desaparecido recursos y bienes del gobierno regional, sin que nadie haya respondido por ellos.
Por ese edificio, el Estado pagó 3.4 millones de córdobas en 1996, pero desde entonces nunca terminó de ser construido. La construcción de la obra fue autorizada a un italiano, entonces desconocido, que de la noche a la mañana apareció por Bluefields. Amadeo de Nisy, dueño de la empresa ARCO S.A, fue beneficiado con un bondadoso contrato en el que el gobierno de Bluefields se comprometía a pagarle 200 mil dólares en concepto de multa en caso de que el contrato fuese suspendido por la parte contratante. Además, el contrato incluía las mil y una facilidades a favor del italiano, incluyendo un pago de 48 mil dólares en caso de que el gobierno quisiera reiniciar las obras.
Producto de la suspensión del contrato, sumado a un juicio que el italiano interpuso en Managua contra el gobierno de Bluefields, el Estado nicaragüense debe ahora al europeo casi 16 millones de córdobas, los cuales saldrán de los fondos asignados al pueblo costeño. “Yo invertí más de 700 mil dólares en ese edificio y es justo que me paguen mi dinero”, alega de Nisy.
ABRA-CADABRA Y ADIÓS HOTEL
Bluefields, un pueblo centenario donde el 80 por ciento de la población es pobre y un 85 por ciento es desempleada, es una ciudad mágica. A la velocidad de un “abra-cadabra” y sin recurrir al viejo truco del sombrero de copa de donde se sacan conejos, allá se perdió en 1995 una nómina completa de un millón de córdobas para el pago de los concejales y otros trabajadores del Gobierno Regional.
A la fecha, nadie ha dado cuenta de cómo se esfumó la plata. El mago, que por supuesto era un funcionario público, también se esfumó y no explicó el truco, mientras en la gaveta de un olvidado juzgado local el caso duerme en paz.
Más magia. Un próspero hotel propiedad del Gobierno, pero arrendado de manera oscura a Francisca Watters, tía del entonces coordinador de turno, Alvin Gutrie Rivers, fue desvencijado sin que nadie conociera jamás cuál fue el truco que usó el hábil prestidigitador.
El hotel, se dice que el mejor de Bluefields por un tiempo, fue arrendado en 1991 por tres mil dólares mensuales a favor del Estado. Luego de varios meses de arriendo, en el que nadie da detalles de cómo se usó ese dinero, el mismo coordinador de gobierno orientó bajarle la cuota de arriendo a su tía. Luego quería no cobrarle nada y ahí comenzó el pleito de los concejales por tratar de recuperarlo.
El South Atlantic I, un hotel de 24 cuartos con sus respectivas camas, televisores, mesas de noche, lámparas, aire acondicionado y demás enseres, quedó vacío de un día a otro en que regresó al Gobierno, en el año 2002. Nadie vio nada, ni siquiera los mismos concejales del Gobierno Regional que hoy ocupan como oficina el cada vez más desvencijado edificio.
FOLIOS OLVIDADOS
En el Juzgado de Distrito de lo Penal de Bluefields, en el escritorio de la juez Maura Lila Montoya Moreno, se encuentran apilados, y olvidados de hecho, gruesos rollos de documentos empastados en cartón amarrillo. Hay 2,680 folios de resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR), donde se cuentan, con lujo de detalles, las mil y una anomalías que funcionarios públicos de Bluefields han cometido con los recursos que el Estado nicaragüense asigna a esa región.
Las presunciones de responsabilidad administrativa y penal contra ex coordinadores de gobiernos regionales, concejales, personal administrativo y otros allegados a los círculos del poder en Bluefields están a la orden del día y datan desde el segundo Gobierno Regional de esa región.
El reverendo Rayfields Hodgson, ex coordinador de Gobierno de la RAAS de 1994 a 1998, y actual presidente del Consejo Regional de Bluefields, es uno de los más señalados en actos de corrupción y actualmente ha sido mencionado por la Contraloría General de la República con presunción de responsabilidad penal y administrativa, pero nadie lo ha acusado jamás ante los juzgados por esos actos.
A él se le comprobó en una resolución de la Contraloría que se inventó viajes al interior del país y respaldó actividades sociales y culturales de universidades e iglesias, para lo cual se autorizó préstamos y emisión de cheques de los cuales nunca rindió cuentas, según consta en los documentos de la CGR.
En una ocasión, se autorizó un cheque de 30 mil córdobas para el pago de un vehículo que el Gobierno compró en Auto Mántica, pero el cual ya había sido cancelado con los fondos del mismo Gobierno, más otros préstamos personales que nunca canceló.
MAGNÁNIMO CON FONDOS PÚBLICOS
Del mismo Gobierno que Rayfields Hogdson representaba, se pagaron más de 11 mil córdobas a la empresa Oceanic Sociedad Anónima, para cancelar un préstamo personal que él hizo y que nunca pudo explicar en qué gastó el dinero de ese préstamo.
Según documentos oficiales de la CGR, en otra auditoría realizada a ese Gobierno al terminar el período de Rayfield Hodgson, se determinó que en la institución existían faltas de registros para el control de los activos fijos, al igual que falta de control interno en dicho rubro “lo cual ha permitido que los activos de dichos gobiernos se administren en forma inadecuada y ha ocasionado malos manejos y pérdidas de bienes propiedad del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur”.
Ahí se detalla que Rayfield Hodgson, junto a cerca de una decena de funcionarios administrativos, en un gran alarde de magnanimidad con los bienes del Gobierno, vendió sin autorización del Consejo Regional un par de pangas de fibra de vidrio en 45 mil córdobas, pero no reportó los fondos a la caja estatal.
También regaló un jeep Mahindra y un motor fuera de borda del Gobierno. Permitió y avaló, mediante firmas y escrituras, el desmantelamiento de la radio gubernamental Bluefields Stereo, de donde permitió que dos locutores, Duilio Aburto y Donald Martínez, y un asesor, César Cárdenas, extrajeran piezas de transmisión radial valoradas en más de cuatro mil dólares cada una.
DESPILFARRO E IMPUNIDAD
Pero si el gobierno de Rayfield Hodgson fue terrible, el de Randolph Noel Hodgson parece peor. Siempre con testimonios de concejales y basados en los documentos de la CGR, se conoce en todo Bluefields que este señor, quien fungió como coordinador del Gobierno de 1998 al 2000, administró los fondos asignados a la RAAS como una caja chica de uso personal.
Fue encontrado por la CGR en tres ocasiones con presunciones de responsabilidad penal y administrativa, junto a una docena más de sus funcionarios del Gobierno Regional de la RAAS. Sólo en un informe de auditoría de la CGR, de varios que se le hicieron, se determina con pruebas que Randolph Hodgson despilfarró 312,207 córdobas del erario para uso exclusivamente personal.
Dentro de sus más representativos abusos están los siguientes: se compró un vehículo Hyundai Galloper del año 2000 el cual se pagó con fondos del erario, pero que se escrituró a su nombre. Al vehículo le compró accesorios de lujo, siempre con fondos públicos. Permitió que por negligencia se perdieran 1.4 millones de córdobas en la construcción mal supervisada de calles para los barrios 19 de Julio y San Pedro de Bluefields.
Además, aparentemente más interesado en favorecer a su familia y amigos cercanos, ordenó el arriendo de una casa en Managua, donde se pagaban 500 dólares mensuales por un año, más la contratación de un chofer, para beneficio exclusivo de su familia, según los comentarios técnicos de la CGR, quien además señala que el ex funcionario autorizó más de 60 mil córdobas para pagos de boletos aéreos a su familia para ir a Miami, Estados Unidos, a visitar familiares y participar en actos de una fundación deportiva.
ARMADO CON DINERO PÚBLICO
Como se sentía amenazado por los reclamos de los concejales que le reclamaban los abusos, Randolph Hogdson realizó con fondos públicos la compra de un par de revólveres Taurus, cuyas facturas se emitieron a su nombre y jamás las presentó al Gobierno, de acuerdo con las declaraciones que él brindó a los auditores de la CGR, ante quienes no pudo desvanecer las anomalías.
Junto a su esposa, el ex funcionario se gastó más de cuatro mil dólares del erario para realizarse trabajados dentales ornamentales (incluyendo el pago de tres mil dólares para cambio de piezas dentales a su esposa), se aumentó varias veces el salario hasta llegar arriba de 20 mil córdobas mensuales, se decretó bonificaciones por excelencia laboral, pagó a sus allegados dos veces los beneficios de los aguinaldos y no rindió cuenta del cambio de cheques de fondos públicos hasta por 88 mil córdobas.
Ninguno de los funcionarios y ex funcionarios señalados con presunciones de responsabilidad penal y administrativa, ha sido juzgado, detenido o investigado por autoridades gubernamentales. Ni un solo córdoba se ha recuperado de las anomalías cometidas con fondos públicos y el enorme esqueleto rojo de hierros herrumbrosos, que debió ser el Palacio de la Autonomía de esta bella región, sigue ahí como una maldición que cada día que pasa le cuesta más al erario.
PROPIEDADES MAL VENDIDAS
Según denuncias públicas y judiciales interpuestas por concejales del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur, producto de la ilegalidad y falta de transparencia en el arrendamiento y venta de bienes inmuebles propiedad del Gobierno, más de cinco propiedades ha perdido el Estado nicaragüense.
Una de ellas fue la venta sin autorización del edificio Hotel Caribbean, el cual fue vendido a la empresa Kodak.
También figura un local donde antes funcionó un gimnasio público, el que se vendió a una empresa procesadora de pollos. Tampoco se sabe quién autorizó la venta, ni dónde quedó el dinero producto de la transacción.
Figura en las resoluciones de la Contraloría, la anulación de la venta de la empresa Bluefields Lumber Company, posteriormente bautizada como Compañía Maderera de Bluefields Sociedad Anónima. La empresa fue arrendada a empresarios extranjeros por un monto irrisorio y posteriormente fue desmantelada. Se encuentra en abandono y se desconoce la identidad de sus nuevos dueños.
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