- Ni la juez, ni la fiscal, ni la procuradora impulsan trámites para enjuiciar a los acusados
José Adán Silva ySergio León C.
Por sí mismo, para poco sirven esos 2,680 folios de la Contraloría General de la República que se encuentran abandonados en el Juzgado de Distrito de lo Penal de Bluefields, donde se determinan responsabilidades penales y administrativas contra varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur (GRAAS)
La primera en así reconocerlo es la juez titular de ese despacho judicial, Maura Lila Montoya, quien alega que debido a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal un juez “no puede actuar oficiosamente”.
“Los documentos los han enviado de la Contraloría para que esta autoridad judicial tenga conocimiento, pero yo no puedo actuar oficiosamente porque el nuevo Código Procesal Penal establece que para que yo actúe, debe haber una acusación, alguien que se manifieste ofendido, y hasta el momento nadie ha venido a acusar a los señalados por la Contraloría”, dice la juez Montoya, quien reconoce que en todo caso quien debería actuar para que inicien trámites judiciales es el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (PGR)
PGR TEME ACUSAR SOLA
La representante de esta última institución, la que por ley defiende los intereses del Estado, es una joven procuradora civil que despacha en las oficinas de la Empresa Nacional de Puertos, donde también presta servicios como asesora legal.
Se llama Amy García Curtis, es originaria de Managua y desde el inicio manifiesta su temor a lo que ella llama “lanzarse sin paracaídas”.
Dice García que “no es que la Procuraduría no se sienta ofendida, lógicamente la PGR como abogado del Estado actúa en carácter de acusador personal, es por eso que ahora la PGR no puede acusar directamente, si no es previamente que el Ministerio Público haya acusado”.
Dice ella que desde que asumió la delegación penal de la PGR, en julio del 2003, ha querido ponerse en contacto con el Ministerio Público para coordinar la acusación en estos casos, pero que la Fiscalía le ha dicho que no tiene mucho tiempo.
“Entiendo que es una institución de pocos recursos humanos y sé que el fiscal regional estaba tan lleno de carga laboral, que hasta se vio afectado de un derrame cerebral, eso ha parado la acusación, ahora hace falta el nombramiento de un fiscal regional para coordinar el caso”, justifica, y agrega otros temores.
FISCALÍA DICE QUE NO TIENE TIEMPO
“De qué me sirve a mí presionar al Ministerio Público si estamos acá en Bluefields, un municipio donde hay una cultura local autónoma, y te digo, los funcionarios son bien conocidos y por influencias políticas pueden protegerse aunque hayan sido señalados de corruptos”, dice.
Sus palabras encuentran eco en la fiscal auxiliar Janina Jackson Machado, quien justifica, aparte de la enfermedad del anterior fiscal regional, la falta de tiempo.
“No es que no queramos actuar en la Fiscalía, lo que pasa es que la carga de trabajo que tenemos es pesada. Estamos hablando de gruesos folios de auditorías de la Contraloría que hay que revisar minuciosamente, lo cual implica tiempo, y en este caso es el fiscal regional quien tiene más tiempo, pero él ahora está enfermo”, dice Jackson.
“Lo adecuado en este caso sería que el Ministerio Público central asigne un fiscal especial, porque implica dedicar semanas de trabajo a esos casos, porque son folios gruesos y no tenemos mucho tiempo para trabajar en eso y ver los otros casos”, dice la fiscal auxiliar.
