Douglas Carcache
La presidenta del Instituto de Turismo nicaragüense, Lucía Salazar, contó en una visita que hizo a LA PRENSA que ha logrado importantes ahorros en esa institución pública, con sólo poner algunos controles a gastos corrientes, como las llamadas telefónicas, sin afectar el trabajo que, según parece, ha sido más eficaz con su administración.
Lucía se asustó, recién llegada al Intur, al ver la cuenta enorme por llamadas telefónicas de diferentes oficinas y aplicó las normas estrictas que antes mantuvo en sus empresas privadas, logrando bajar el gasto y aumentar los resultados del trabajo al punto que, por primera vez, después de varios años esa entidad invirtió dinero para mejorar algunos centros turísticos populares.
Ahora que el país enfrenta el problema de precios de los combustibles, me acuerdo de la plática con Lucía Salazar y creo que el Estado podría ahorrar más y en consecuencia quitarle a los ciudadanos parte del impuesto que pagan cada vez que compran gasolina o diesel.
Cada vez que un nicaragüense compra una galón de gasolina súper le paga al Gobierno 11 córdobas en concepto de Impuesto Selectivo de Consumo (ISC)
Durante el año 2003, el Gobierno recaudó 1,593 millones de córdobas (más de 106 millones de dólares) por impuestos a los derivados del petróleo, logrando un incremento de 197 millones de córdobas más que el año anterior.
Me pregunto en qué invierte el Gobierno ese dinero que los ciudadanos pagan al comprar gasolina o diesel y pienso que, en parte, ha de servir para sufragar gastos de las diferentes oficinas públicas, como las llamadas telefónicas, algunas necesarias y muchas nada importantes, de empleados y funcionarios.
Además de aminorar el gasto por uso de teléfonos, las instituciones estatales podrían bajar el consumo de combustible de dos formas, usando menos los vehículos y usando vehículos con motores más pequeños, sustituyendo camionetas grandes por carros pequeños.
Un ajuste así en todo el Estado permitiría un ahorro significativo al año y el Gobierno conseguiría, por esa vía, parte del dinero que ahora le quita a los ciudadanos que compran combustible.
Ante la posibilidad de que el barril de petróleo llegue a valer 40 dólares o más en el mercado internacional, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) ha propuesto campañas de ahorro que afectarían a los ciudadanos si racionan el servicio de energía eléctrica, el transporte público y la venta de combustibles.
Pienso que ningún ciudadano desperdicia el combustible ni la energía eléctrica si los paga con su dinero y sabe lo que cuesta ajustar un presupuesto. En cambio, es más fácil derrochar en instituciones estatales donde ni el empleado sabe lo que cuesta, ni el funcionario tiene interés en controlar el gasto.
Pero es alentador conocer que hay funcionarios públicos que, por una disciplina aprendida en empresas propias, quieren ayudar a utilizar bien el dinero de los contribuyentes. Si esos ejemplos se propagaran la carga del financiamiento al Estado podría reducírsele a los ciudadanos.
