Roman, Times, serif»>Editorial
Política y clima de negocios
Se sabe muy bien que la confianza es una condición absolutamente indispensable para el buen funcionamiento de la economía y, por lo tanto, para el fomento del bienestar personal y el progreso social.
En el ámbito de la economía, la confianza se forma sobre la base de la veracidad y consistencia de los indicadores económicos, de la transparencia y facilidad de los trámites administrativos, de la estabilidad de las instituciones y la seguridad en el respeto a las reglas y el cumplimiento de los contratos. Y además, es muy importante para la creación de confianza —o para provocar desconfianza— lo que dicen los políticos que ocupan lugares prominentes en el Estado.
De manera que cuando los diputados hablan contra la empresa privada y amenazan con dictar medidas administrativas o legales de excepción —por ejemplo en relación con los precios del combustible—, y se pronuncian contra las compañías distribuidoras porque están obteniendo ganancias —“si no veamos cuántas gasolineras lujosas hay en este país”, expresó, amenazante, el diputado “liberal” Wilfredo Navarro, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional—, se provoca la desconfianza y se desalienta la inversión.
Al parecer a algunos diputados “liberales” les molesta que las empresas privadas tengan éxito en sus operaciones y añoran la época de la revolución, cuando todo era racionado y la gente tenía que hacer largas filas empujando sus vehículos hasta las desvencijadas y mal atendidas gasolineras, para poder comprar no más de cuatro galones de combustible. Y muchas veces ni eso, porque al llegar a la estación de gasolina ya se había agotado el combustible disponible para ese día por orden del Gobierno que “protegía” a los consumidores mediante el control de precios y el racionamiento.
Sin duda que el encarecimiento del petróleo y por lo tanto de los combustibles es un motivo legítimo y necesario de preocupación gubernamental y nacional. Pero el problema debe ser afrontado con seriedad y responsabilidad, no con demagogia populista y antiempresarial. Y sobre todo los políticos que forman parte de las estructuras gubernamentales deben tener mucho cuidado con lo que hacen y lo que dicen.
Los inversionistas y empresarios arriesgan su dinero en los negocios precisamente con el fin de obtener beneficios al mismo tiempo que prestan un servicio y satisfacen una determinada necesidad de la gente. Es un contra sentido —que ya no se ve ni siquiera en los pocos países comunistas que aún quedan en el mundo— descalificar y amenazar a las empresas privadas porque tienen éxito y construyen buenas y cómodas instalaciones para sus clientes.
En realidad, si fuera sincera la preocupación de los diputados por el problema del combustible, lo primero que deberían disponer y anunciar es el recorte de su propio derroche personal y partidista de diesel y gasolina por cuenta del Estado, o sea pagado con los impuestos de la gente que trabaja y produce.
Es cierto que hay que revisar la magnitud del Impuesto Especial de Consumo con que se grava la importación y el consumo de combustible, y que impacta fuertemente en su encarecimiento tanto como el oscilante precio internacional del petróleo. Pero ante todo hay que racionalizar el gasto de combustible.
En otras ocasiones hemos dicho que sin necesidad de recurrir al racionamiento que perjudica el crecimiento económico, se debería reducir el gasto excesivo de combustible, para lo cual habría que hacer campañas públicas con el fin de generar conciencia en la población de la necesidad de ahorrarlo. Pero en esto los altos funcionarios estatales que reciben cuantiosas asignaciones de diesel y gasolina tienen que predicar con el ejemplo reduciendo su gasto drásticamente.
Por lo demás, el crecimiento de la economía y por tanto la consecución del progreso social requiere de la confianza de los inversionistas y empresarios, no que se les amenace y se les ataque con declaraciones improvisadas y con intervenciones autoritarias del Estado.
La misma experiencia de Nicaragua, ya no digamos la internacional, ha demostrado en forma convincente que la intromisión autoritaria del Estado y de los políticos en la economía no resuelve los problemas sociales, sino que más bien los agrava. Ningún problema del país tiene solución sin crecimiento económico y para éste es indispensable que haya un clima de negocios confiable.
