José Adán Silva
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Gobierno bajo la lupa de la PDDH
José Adán Silva
¿Defiende el Ministerio del Trabajo los derechos laborales de los trabajadores de las Zonas Francas? Cuando la Policía Nacional detiene a una persona, la golpea, ofende y luego la deja libre porque no se le demostró delito alguno ¿se está violentando su derecho de presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario?
Al niño de ocho años al que no lo dejan matricular en la escuela porque no tiene para pagar “una cuota voluntaria” o al enfermo al que no atienden en los hospitales porque los médicos están en huelga ¿se les violan sus derechos a la educación y la salud?
Todas y cada uno de estas interrogantes, cotidianas en esta sociedad nicaragüense ya acostumbrada a callar ante los abusos de las autoridades, serán contestadas a partir de este año por un nuevo proyecto que está lanzando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el cual ya comenzó con la fiscalización al accionar del Ministerio de Gobernación.
El profesor Julián Corrales, subprocurador de Derechos Humanos y director del Programa de Fiscalización, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del PDDH, dijo ayer a LA PRENSA que el proyecto servirá para dar un diagnóstico de las principales instituciones del gobierno, para a partir de ahí, promover una cultura de defensa, promoción y fiscalización de los derechos humanos de los nicaragüenses desde el gobierno mismo.
MÁS QUE UNA DENUNCIA MORAL
“No se trata de una denuncia moral, aunque también lo sea, sino de una nueva forma de fiscalización al gobierno y un diagnóstico que nos indique, y ésta es la parte más positiva del proyecto, en qué aspectos están fallando las instituciones del gobierno y cómo se pueden superar esas violaciones”, dijo Corrales, agregando que aunque la fiscalización será general, la misma se enfocará en los grupos sociales más expuestos a los abusos, a como lo son las mujeres, los niños y las minorías étnicas.
El proyecto, que pretende la expansión de delegaciones de la PDDH a quince cabeceras municipales, entre ellas Bluefields y Puerto Cabezas, incluye la formación y capacitaciones de promotores de derechos humanos en todo el país.
En cuanto a temas a fiscalizar por parte de la PDDH, aunque no se descarta ninguno y se pretende abarcar a todas las instituciones del país, se priorizarán las investigaciones sobre las violaciones al derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la educación, derecho a la propiedad, derecho a la justicia y violaciones a los derechos colectivos, que incluyen el derecho de los consumidores en cuanto a los servicios básicos y el derecho a un ambiente saludable.
