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La crisis, los SAM y el Ejército
El Ejército dejó muy claro que está de acuerdo con la eliminación gradual de los misiles SAM de origen soviético, como “un gesto de buena voluntad de parte de Nicaragua hacia la preocupación que tiene Estados Unidos”. Según informó LA PRENSA el martes de esta semana, un jefe militar declaró que “el Ejecutivo en consenso con el alto mando del Ejército, elaboró un documento en donde se plantea la reducción gradual de los cohetes tierra-aire, y que el mismo fue enviado a la Asamblea Nacional para que emitiera una resolución de respaldo…”
De esa manera el Ejército rechazó prácticamente las voces aventureras que, en el momento álgido de la crisis política, han incitado a las Fuerzas Armadas a tomar partido en el conflicto con el pretexto de defender los misiles soviéticos, que para algunos son emblemas de la soberanía nacional e instrumentos indispensables para la defensa de Nicaragua.
En realidad, lo que se ha podido advertir durante esta crisis, igual que en la de diciembre pasado, es que el Ejército se ha cuadrado ante el Presidente de la República, como es su obligación hacerlo de manera permanente y en particular cuando hay situaciones de inestabilidad política, pues así lo mandan expresamente la Constitución y el Código Militar.
Es obvio que el Ejército ha avanzado bastante en su proceso de profesionalización, aunque sin llegar todavía a la subordinación absoluta a la autoridad civil. Y últimamente, la participación de un contingente militar nicaragüense en Irak y la anuencia de los altos mandos del Ejército a la eliminación gradual de los cohetes soviéticos, han fortalecido su imagen institucional ante la opinión pública de Nicaragua y la comunidad internacional democrática.
Al respecto de los cohetes soviéticos, la verdad es que los expertos en seguridad regional han demostrado que esos artefactos no son una garantía para impedir un hipotético ataque de la fuerza aérea hondureña, la cual —dejando a un lado a Colombia, que es una minipotencia militar invencible para Nicaragua—, es la única amenaza de ese tipo que podría enfrentar el país. Mucho más convincentes han sido los argumentos de que algunos de esos misiles podrían aparecer de repente en manos de terroristas colombianos, e inclusive de Al Qaeda, pues no se debería descartar que ya tuviera una base en algún lugar de Centroamérica y el Caribe.
De modo que lo más inteligente y apropiado es deshacerse de manera parcial o total, de una sola vez o gradualmente, de esos cohetes cuya conservación y mantenimiento es, además, sumamente costoso para el país y el mismo Ejército en particular. Y en sustitución de ellos hay que conseguir una técnica militar moderna y útil, como por ejemplo helicópteros, lanchas rápidas y otros medios indispensables para la lucha contra el narcotráfico, la protección del mar territorial y la prevención de actividades terroristas de cualquier tipo.
Por otro lado, en septiembre de este año se cumplirán 10 años de la aprobación y puesta en vigencia del llamado Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, que cambió jurídicamente al partidista Ejército Popular Sandinista (EPS) en el Ejército de Nicaragua, lo que fue refrendado por la reforma constitucional de 1995.
Este aniversario debería ser propicio para evaluar el proceso de despartidarización y profesionalización del Ejército durante la década transcurrida. Sería oportuno decidir si es tiempo ya de reformar la ley militar de 1994 a fin de que el Presidente de la República pueda nombrar realmente a los altos mandos del Ejército, lo que es básico en un Estado democrático. O por lo menos hacer que se cumpla la disposición constitucional de que no deben existir los cuerpos de espionaje político en Nicaragua, ni siquiera en el Ejército ni tras la mampara de “información para la defensa nacional”.
Estos temas de interés nacional democrático deben ser discutidos públicamente, sin temor a la institución armada, con el único interés de fortalecer a la misma organización militar, y ante todo la institucionalidad democrática del país.
Una sociedad auténticamente democrática es aquella donde la fuerza militar es absolutamente irrelevante en la política, y sólo es importante para ayudar en las grandes emergencias y garantizar la defensa nacional. Así debe ser el Ejército de Nicaragua.
