Luis Felipe Palacios
El jurista Alberto Saborío consideró ayer que el diálogo nacional convocado por el presidente Enrique Bolaños está destinado al fracaso, porque además de haberse llamado de forma improvisada, en el fondo, las dos fuerzas políticas mayoritarias del país –PLC y FSLN– no querrán ceder espacios a lo interno de las instituciones, como pretende el Ejecutivo.
“Las condiciones objetivas no están dadas para llevarse a efecto un diálogo y si acaso se lleva no habrá resultado práctico, porque ésta es una batalla (entre liberales y sandinistas) de quién domina las instituciones para ponerlas al servicio de su clientelismo político”, razonó.
EFECTOS DEL PACTO
Para muestra un botón. Saborío observó que la trifulca ocurrida la semana pasada en la Asamblea Nacional, previo a la discusión de la Ley de Carrera Judicial, son efectos generados por el pacto firmado en el 2000 por los ex presidentes Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, líderes del PLC y el FSLN, respectivamente.
“La responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora no es sólo del PLC, sino del Frente Sandinista, por esa disputa que hay por la institucionalidad, de quién se va arriba o quién se va abajo. Es consecuencia de ese espíritu de ese pacto del 2000 entre Alemán y Ortega”, argumentó.
“Esos partidos políticos se han apropiado de bienes del Estado para mantener o extender su clientelismo político y eso ha llevado a toda esta crisis (política) y a la dependencia que tiene Nicaragua respecto a la comunidad internacional”, señaló.
NI PLEBISCITO
Para Saborío no hay solución inmediata a la actual crisis, porque la misma es muy “profunda y es estructural”, por lo que la única salida real que ve es que en las próximas elecciones generales, “el pueblo sepa escoger a sus representantes”.
Sobre la idea de Bolaños de llamar a plebiscito, en caso que fracase el diálogo, Saborío opinó que la misma no vendrá a resolver la crisis, porque ni siquiera será tomada en cuenta en el Parlamento, por ir en contra de los intereses de los caudillos.
Por tal razón, añadió el jurista, el “plan B” del Jefe de Estado es una “maniobra política y publicitaria, sin ninguna trascendencia”.
