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El recurso del plebiscito
Sin dudas que Nicaragua tiene problemas mucho más importantes que los conflictos políticos. Sin embargo por sus manifestaciones escandalosas la repercusión de los pleitos políticos es mayor en los medios de comunicación, sobre todo cuando se ponen en escena espectáculos bochornosos, como la trifulca entre jueces, diputados y activistas políticos el jueves pasado en la Asamblea Nacional.
Mucho más importante que esa acción política vergonzosa es, por ejemplo, el problema de la electrificación nacional, que es vital para que el país pueda ser competitivo con las demás naciones centroamericanas, al respecto de lo cual LA PRENSA publicó el domingo 28 de marzo corriente un amplio reportaje con el propósito de contribuir a la búsqueda de las soluciones apropiadas.
Es obvio que para resolver problemas de semejante envergadura hacen falta inversiones también de gran magnitud. Y a su vez, para atraer las inversiones es indispensable la estabilidad gubernamental del país, y ante todo que haya un sistema de justicia confiable, manejado por magistrados y jueces independientes, eficientes y probos. En realidad, de nada sirve tener buenos planes y el potencial energético necesario para resolver el problema de la electrificación nacional, si el país continúa atrapado en la vorágine de los conflictos políticos.
Precisamente por eso es imperiosamente necesaria una Ley de Carrera Judicial que por lo menos abra el camino hacia la creación de un sistema de administración de justicia independiente y confiable. Pero la resistencia a aprobarla es muy fuerte por parte del FSLN que controla hasta un ochenta por ciento de los magistrados y jueces del país.
En estas circunstancias el presidente Enrique Bolaños ha planteado —de nuevo— la posibilidad de solicitar la convocatoria a un plebiscito para que sea el pueblo el que decida directamente sobre la reforma judicial y del Estado en términos generales. En realidad, esta propuesta presidencial podría representar una salida democrática de la crisis institucional, pues por su propia naturaleza constitucional el plebiscito es un instrumento de ejercicio directo del poder político por parte del pueblo (Artículo 2 de la Constitución), para decidir en situaciones de particular significación.
No obstante, aunque la iniciativa para convocar al plebiscito le corresponde al Presidente de la República —y también a los ciudadanos mediante petición respaldada por cincuenta mil firmas— según el artículo 135 de la Ley Electoral, la convocatoria sólo se puede hacer mediante decreto legislativo de la Asamblea Nacional, o sea que la deben aprobar los mismos políticos causantes de la crisis. Y aunque la aprobación de la convocatoria al plebiscito no requiere mayoría calificada, los intereses creados del PLC y el FSLN impedirían su aprobación.
Según el presidente Enrique Bolaños la consulta plebiscitaria se facilitaría con sólo agregar las preguntas correspondientes a las boletas de votaciones en las elecciones municipales de noviembre próximo. Sin embargo eso tendrían que determinarlo los diputados en el decreto legislativo de convocatoria, pues lo que se deduce del artículo 137 de la Ley Electoral es que para celebrar el plebiscito hay que hacer un proceso autónomo, con su propio calendario, campaña política y votación propia, como una elección más.
Por otro lado, el Frente Sandinista sigue teniendo en sus manos a Arnoldo Alemán como principal carta de negociación, de manera que en cualquier momento la bancada del PLC podría pactar con los sandinistas a fin de conseguir la libertad del cacique liberal, o por lo menos su regreso a las comodidades de El Chile, a cambio de desistir de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial y rechazar la iniciativa presidencial de plebiscito, en el caso de que ésta fuera presentada.
Así las cosas, lo que debería hacer el presidente Bolaños es buscar un consenso con los dos partidos mayoritarios, el PLC y el FSLN, sin dejarse amedrentar por las amenazas con el juicio por los supuestos delitos electorales, y sin pactar con ninguno de ellos en contra del otro.
Lo importante es sacar adelante la Ley de Carrera Judicial en una forma que sea aceptada por las dos bancadas principales, y así al menos poner la primera piedra del proceso de profesionalización del Poder Judicial, que por ser éste la columna vertebral del poder sandinista necesariamente es una tarea difícil y riesgosa.
