- Contralor Luis Ángel Montenegro
lamenta que no suelten documentación clave en investigación de delitos electorales
Jorge Loáisiga Mayorga
El contralor Luis Ángel Montenegro, miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, aseguró que los principales obstáculos que ha tenido esta entidad fiscalizadora para investigar el caso de delitos electorales ha sido la falta de colaboración de las instituciones bancarias que, supuestamente no han entregado la documentación relacionada a las cuentas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Yo veo al sector bancario frente a una situación difícil en este caso de los delitos electorales”, expresó Montenegro.
Montenegro también se quejó de la falta de voluntad de las autoridades del PLC, quienes supuestamente dieron por perdidos los libros de la contabilidad de la campaña electoral.
La Contraloría General de la República (CGR) enviará esta semana un informe a la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, en el que detallará los avances y dificultades que ha tenido la entidad fiscalizadora en la investigación de los delitos electorales que esa autoridad judicial ordenó investigar.
“Esta semana enviaremos un informe a la juez (Juana Méndez), donde explicamos que hemos tenido ciertas dificultades para determinar algunas cosas, como el origen de los fondos. Nosotros lo vimos el jueves pasado, es un informe que presentó el equipo de auditores que está trabajando en el caso, se le van a hacer unas correcciones y se le enviará a la juez”, expresó el contralor.
DEPÓSITOS ANÓNIMOS ENGORDARON CUENTAS PLC
La Contraloría General de la República (CGR) tiene en su poder una lista de 13 cuentas en dólares y en córdobas, que estaban en los bancos Caley Dagnall y Banco de la Producción (Banpro), supuestamente relacionadas a la campaña electoral del PLC y al candidato presidencial de éste, Enrique Bolaños.
En las 13 cuentas que la CGR investiga, se busca principalmente el origen de los fondos y donaciones que ingresaron como depósitos de “personas anónimas”.
Se estima que a las mencionadas cuentas llegaron unos 13.8 millones de dólares y 142.1 millones de córdobas, en su mayoría como donaciones anónimas. Aproximadamente cuatro veces lo reportado por el PLC, como gastos de campaña, que fueron 66.5 millones de córdobas.
La Ley Electoral prohíbe que las organizaciones políticas acepten donaciones o aportes provenientes de instituciones estatales o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras y donaciones privadas anónimas, salvo las colectas populares.
“En una de esas cuentas aparece un depositante de nombre Alfonso Cortés, que no es el poeta por supuesto, haciendo un aporte de más de seis millones de córdobas, en la misma cuenta aparece una donación de 7.5 millones de córdobas y en otras cuentas Córtés aparece haciendo depósitos por miles y miles de dólares. ¿Quién será este caritativo donante del PLC?”, se preguntó Montenegro.
El 30 de octubre del 2002, la fiscal específica electoral, Blanca Isabel Salgado Jarquín, acusó a 30 funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán y actuales funcionarios de Gobierno y a los principales dirigentes del PLC, de haber cometido delito electoral al usar fondos del Estado para financiar su campaña, triangulando el dinero a través de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
