Sardes María Pérez Reyes
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La ley es necesaria pero debe ser justa y correcta
Sardes María Pérez Reyes
Es verdad que se necesita una Ley de Carrera Judicial. Estoy de acuerdo con que la justicia debe ser administrada por personas idóneas, capaces, honestas, honorables; con principios y valores que no le permitan ser influenciadas por ningún tipo de factor más que por su obediencia a la Constitución y a las leyes del país. Esto es, no permitir injerencias ni presiones de carácter político o económico.
No puedo negar que existen personas dentro del Poder Judicial que carecen de varias de estas cualidades, por lo tanto lo correcto sería hacer una valoración tanto de los conocimientos como de la idoneidad de cada funcionario judicial, ya sea con exámenes, entrevistas personales o cualquier medio que sirva para tener una visión más acertada del capital humano con el que actualmente cuenta el Poder Judicial para posteriormente proceder a prescindir de todo aquel funcionario que no llene los requisitos de ley ni los parámetros necesarios para ocupar un cargo de tanta responsabilidad.
El tan polémico artículo 3, párrafo tercero, del proyecto de Ley de Carrera Judicial establece que los secretarios y jueces locales y de Distrito, permanecerán en sus cargos durante un período no mayor de seis meses después de promulgada la ley, para que las vacantes sean ocupadas por quienes el Consejo Nacional de la Carrera Judicial elija mediante un concurso de oposición. Esto quiere decir que una vez aprobada la Ley de Carrera Judicial, todos los secretarios y jueces en cualquier momento, antes de esos seis meses estipulados, deben “deponer” sus cargos para luego tener la posibilidad de optar a la Carrera Judicial mediante el concurso de oposición en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano que cumpla con los requisitos de ley.
Es por ello que el gremio se opone rotundamente a la aprobación de este artículo por sentir que viola los derechos constitucionales y laborales y lo considera un despido masivo de centenares de secretarios y jueces a nivel nacional. Si el artículo formulare que dichos funcionarios permanecerán en sus cargos mientras se realiza el concurso de oposición y que si no lo aprobasen tendrán que deponer sus cargos para que dichas plazas fueran ocupadas por personas idóneas, según los resultados el concurso, la realidad sería distinta.
Como Secretaria de Actuaciones y profesional no le temo a ninguna evaluación de mis conocimientos y mis aptitudes porque me siento segura de mí misma. No obstante, considero que tal como está planteado el dictamen de mayoría de la ley lesiona mi derecho a la estabilidad laboral; el principio constitucional de irretroactividad de la ley que establece que las leyes deben regir a futuro, es decir, no pueden ser aplicadas sobre derechos ya adquiridos en el tiempo; la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley o disposición que se le oponga y la independencia de los poderes del Estado.
Se pretende “limpiar” el Poder Judicial de personas corruptas y que pertenecen a un partido político, pues se supone que este Poder es eminentemente sandinista. Se olvidan que no todos los trabajadores del Poder Judicial somos sandinistas, y que independientemente de eso no puede ser un motivo ideológico lo que impulse a nombrar o destituir a un funcionario de su cargo ya que atenta contra el principio de igual dad de todos ante la ley por la discriminación de carácter político.
El problema es que la justicia en nuestro país más que nunca en la historia está siendo manipulada por diferentes intereses de los sectores políticos. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya permanecido acéfala durante cinco meses, porque los dos bandos políticos en los que se encuentra dividida no lograron ponerse de acuerdo, indica que por más que se apruebe la Ley de Carrera Judicial para contar con el personal idóneo y capacitado en la correcta administración de justicia, mientras el Poder Legislativo que es el encargado de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siga politizado y continúe polarizado, el problema no se va a solucionar porque los jueces continuarán siendo presionados, recibiendo “llamadas” de magistrados que a su vez seguirán obedeciendo a los intereses políticos de sus correligionarios en la Asamblea Nacional y éstos a sus respectivos líderes políticos.
Los únicos perjudicados en esta cadena de intereses partidarios seguiremos siendo aquéllos que no contamos con “padrinos”, tan sólo con nuestros conocimientos, capacidad, aptitudes, valores y principios que ojalá fuesen tomados en cuenta a la hora de nuestra evaluación individual con la inminente Ley de Carrera Judicial.
La autora es secretaria de actuaciones del Juzgado Séptimo Local del Crimen de Managua.
