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La carrera judicial
La carrera judicial existe en todos los países democráticos y civilizados —en algunos desde hace muchísimo tiempo—, y se basa en el principio de que quien tiene la potestad de juzgar debe ser una persona de capacidad y honestidad ejemplar.
Se trata de que la función judicial tiene que ser regida —en su ingreso, desempeño, desarrollo y progreso— por una calificación objetiva de méritos y antigüedad. Y por lo tanto no debe sujetarse a presiones, intereses materiales o influencias políticas. Dicho con otras palabras, el objetivo de la carrera judicial es asegurar que los jueces sean independientes e inamovibles, pero no porque los recomienden o impongan los partidos y líderes políticos, ni sus mismos superiores —magistrados que se dividen el Poder Judicial en feudos—, sino por su capacidad, eficiencia, y honestidad.
Precisamente por eso fue que la reforma constitucional de 1995 estableció en la Constitución el mandato expreso de que: “Se establece la Carrera Judicial que será regulada por la ley” (artículo 159), que por obvias razones no se contemplaba en las anteriores constituciones.
Inclusive la gente que no tiene conocimiento especializado del problema de la justicia percibe la necesidad de que se establezca la carrera judicial. El 53.9 por ciento de los consultados en una encuesta que hizo la firma M&R el viernes de la semana pasada (19 de marzo), a solicitud de la Presidencia de la República, reconoció como correcta y justa la Ley de Carrera Judicial que se está discutiendo en la Asamblea Nacional.
Pero no es desdeñable el 41.6 por ciento que en esa misma encuesta que consideró “incorrecta y revanchista” la mencionada ley, aunque es obvio que ese grado de percepción negativa se debe al desconocimiento sobre la materia específica, así como a la intensa propaganda política que han hecho contra el proyecto de carrera judicial, el FSLN y los jueces que temen someterse al examen de idoneidad y argumentan precisamente que la ley es revanchista.
Por supuesto que los requisitos de calidad profesional y moral —que son la base de la carrera judicial— no se pueden imponer de manera brusca, de la noche a la mañana, ni con intención política partidista. Por el contrario, se debe crear un período de transición durante el cual los jueces que llenen los requisitos sean confirmados en sus funciones, e inclusive promovidos, en tanto que quienes no alcancen el grado sean reemplazados por los que se ajusten a los requerimientos de capacidad y ejemplaridad ética.
También debe estar claro que el propósito de la Ley de Carrera Judicial es sanear realmente la administración de justicia, y que nada se ganaría y más bien se empeoraría la deplorable situación que hay en el Poder Judicial, si la ley fuese para sustituir a unos jueces porque son sandinistas con otros judiciales que sean liberales.
En un ambiente social tan politizado y polarizado, como es el de Nicaragua, donde además la política que se practica no es moderna ni de principios, sino atrasada y tribal, es difícil cambiar la mentalidad de las personas y aprender que la política no se debe mezclar con la función profesional y mucho menos con la judicial. Inclusive muchos consideran que la participación política más que un derecho es una obligación. Pero difícil no significa imposible, y además hay bastantes profesionales del derecho que no son partidistas y que ni siquiera se involucran en la política general, salvo para cumplir su deber cívico de sufragar en las consultas electorales.
Las personas profesionales que se dedican a impartir justicia deben ser conscientes de que el primer requisito para hacerlo correctamente es el de la imparcialidad, y que no puede ser imparcial quien tiene un interés creado —ya sea material o político— en la materia que juzga. Tal es el caso, por ejemplo, de la juez Juana Méndez que se ufana de su compromiso ideológico y político con un partido, pero por eso mismo sólo sus correligionarios creen en ella y los demás menosprecian las decisiones judiciales que ella adopta.
La imparcialidad del juez es determinante para el éxito de la institución judicial. Donde no hay imparcialidad la gente no confía en los jueces y el andamiaje de la justicia se derrumba y arrastra a toda la sociedad.
