- Por lo menos 10 trabajan en distintos poderes del Estado
Consuelo Sandoval
Al menos diez diputados suplentes reciben doble salario del Estado, violentado la Ley de Probidad de Servidores Públicos, que prohíbe que un funcionario público reciba doble ingreso del erario.
Los diputados suplentes perciben una “asignación” anual de 10 mil dólares, equivalente a dos salarios mensuales de sus propietarios.
El contralor Francisco Ramírez confirmó que practican una auditoría para determinar si los diputados propietarios rinden cuentas correctamente de los 400 mil córdobas que reciben anualmente.
Esos fondos supuestamente son utilizados por los diputados para financiar proyectos de sus departamentos o becas a sus electores.
También informó que la entidad contralora practica otra auditoría destinada a examinar los ingresos y egresos de la Asamblea Nacional, pero destacó que ambas auditorías están limitadas específicamente a la administración que dirigió el diputado Jaime Cuadra, alegando que no cuentan con suficientes recursos humanos para ampliar sus alcances.
Paralelamente a esta auditoría de la Contraloría, la Dirección General de Ingresos está investigando la posible evasión de impuestos de los diputados suplentes.
¿CULPA DE BOLAÑOS?
Según el contralor Ramírez, el gobierno del presidente Enrique Bolaños podría estar violando la Ley de Probidad de Servidores Públicos al permitir que varios diputados suplentes estén percibiendo dos ingresos de los recursos del Estado, uno en concepto de “asignación” que obtienen por ley de la Asamblea Nacional y el segundo en calidad de salario por el desempeño de un cargo público.
Ramírez es de la opinión que “el mejor regulador es el contratador (empleador), el que paga. La ley establece el control previo. El principal eslabón del control para que no se viole la ley es el que contrata y el que paga, el empleador es el obligado a hacer cumplir la ley de acuerdo con la Constitución Política, según el artículo 131”.
Esa disposición constitucional establece que los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo.
Según el artículo 8, inciso “M” de la Ley de Probidad de los Funcionarios Públicos, es prohibido tener más de un empleo remunerado en el Estado o en empresas o instituciones en las que tenga parte el Estado, salvo en los casos de docencia y medicina. Esta prohibición incluye a los particulares que son nombrados exclusivamente para asistir a reuniones de juntas directivas, Consejos, comisiones u otros órganos de la Administración Pública.
SECRETARIO NO ESTÁ SEGURO
El primer secretario del Parlamento, Miguel López, explicó que el equipo legal de ese Poder del Estado deberá elaborar un estudio jurídico para determinar si existe relación laboral de los diputados suplentes y si la asignación económica constituye un salario, advirtiendo que se han hecho interpretaciones sobre el tema, pero ninguna resolución definitiva.
“Allí tiene que haber una revisión jurídica que tiene que hacer la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, porque si fuera así, efectivamente los diputados suplentes que están recibiendo un salario por contratación con algún otro Poder del Estado, puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tendrían que renunciar a la asignación de diputación suplente o a su cargo público porque tenemos magistrados, directores de entes autónomos, y hay diputados suplentes trabajando en la Asamblea Nacional”, reconoció López.
DOS SALARIOS
Entre los diputados suplentes que también ejercen cargos públicos están:
La magistrada liberal del Poder Judicial, Nubia Ortega Robleto, suplente de Enrique Quiñónez.
Néstor José Delgadillo, suplente de Carlos Gadea, es director del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos.
Ligia del Carmen Solórzano, suplente de Miguel López, ostenta un puesto en el Instituto Tecnológico de Managua.
Raúl Luis Martínez, suplente de Francisco Sacasa, es subdirector del Silais del Atlántico Sur.
Ricardo José Montenegro, suplente del conservador Jorge Matamoros, es funcionario de la Presidencia.
Aldric Paul Beckdord Dearing, suplente de Vladimir Pineda, delegado del Gobierno en Río San Juan.
Rafael Oviedo Ferrufino, suplente de Noel Pereira, trabaja en Migración de Chinandega.
Alberto Rivera Monzón, suplente de Carlos Noguera, labora en el Instituto de Desarrollo Rural de Jinotega.
Urania Ramírez, suplente de Eduardo Mena, es funcionaria de Entresa de Granada.
Oscar José Moreira Araica, suplente de María Haydee Osuna, es funcionario del Banco Central.
“LA ASIGNACIÓN”
La asignación de dos meses de salario para cada diputado suplente es de aproximadamente 10 mil dólares, multiplicada por los 91 suplentes asciende a 910 mil dólares y en córdobas representa unos 14.3 millones, según el tipo de cambio actual.
