Jorge Loáisiga Mayorga
Luis Ángel Montenegro, miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, anunció ayer que probablemente el próximo jueves, él y sus colegas, aprueben una resolución para denunciar de nulidad la concesión para la explotación de energía geotérmica en el proyecto San Jacinto Tizate otorgado a una empresa ruso-nicaragüense.
“Probablemente se denuncie de nulidad la venta de San Jacinto Tizate, que son 26 millones de dólares porque prácticamente fue una operación de cambalache que se hizo en el gobierno”, expresó Montenegro.
Por su parte, Erwin Krüger, representante de la empresa San Jacinto Power, sociedad que fue beneficiada con la concesión para la explotación de energía geotérmica, dijo que todo lo referente a San Jacinto Tizate, fue autorizado por la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), y que no hubo nada irregular.
“Seguramente los auditores no tuvieron a la vista todos los documentos. Te puedo asegurar que todo fue transparente y no hay anomalías, el Estado va a recibir 26 millones de dólares como pago, pero en generación de energía a un precio de 05.95 centavos de dólar por kilowatt/hora, según una audiotoría que realizó Deloitte & Touche”, expresó.
El contralor explicó que Enel autorizó a la empresa San Jacinto Power S.A., el derecho de uso de las instalaciones físicas y pozos de la empresa del Estado, Intergeoterm, en el campo geotérmico San Jacinto Tizate, sin que Enel haya obtenido ningún beneficio.
“Esto lo hicieron bajo el concepto de que cuando operara San Jacinto Tizate el kilowatt hora se lo iban a vender a tres o cuatro centavos menos al Gobierno a cambio de que hicieran unas inversiones por el equivalente de 26 millones de dólares. Nunca se dio la inversión y Nicaragua simplemente dio la concesión por 26 millones de dólares”, dijo Montenegro.
“El Gobierno no puede andar haciendo ni trueques ni cambalaches y es muy probable que San Jacinto Tizate vaya este mismo jueves a revisión”, agregó.
PÉRDIDAS
La Contraloría inició una investigación sobre el caso de San Jacinto Tizate en marzo del año pasado a raíz de que la firma de auditores Grant Thornton les enviara un informe de auditoría en el que se detectaron varias irregularidades.
El documento fue remitido por Agustín G. Amaya S., socio de Grant Thornton-Nicaragua, al entonces presidente de la Controlaría General de la República (CGR), Francisco Ramírez, el 20 de marzo de 2003.
“Las cesiones de contrato de compra-venta de energía; cesión de condiciones de exploración y el derecho de uso de las instalaciones físicas y pozos existentes de Intergeoterm S.A, se realizaron sin obtener Enel ninguna compensación económica, como contraprestación a todos los activos, derechos cedidos”, dice textualmente el informe de Grant Thornton.
