Fernando Centeno [email protected]
El parque vehicular en Nicaragua se calcula en unos 250 mil automotores, de los cuales unos 60 mil son de servicio público: taxis, buses, camiones, camionetas, etc., y el resto vehículos de uso particular. De acuerdo con la nueva Ley de Tránsito, el seguro obligatorio para los particulares es de 85 dólares, 241 para los taxis y más de 300 para los buses de transporte colectivo y similares.
Según cálculos de personas que conocen el negocio de los seguros, este pago obligatorio significará para las compañías aseguradoras un ingreso este año entre 37 y 40 millones de dólares que saldrán de los bolsillos de los propietarios de vehículos y que de acuerdo con la ley ya deberían haber enterado.
El seguro por daños a terceros es una necesidad en Nicaragua, debido al alto índice de accidentes, pero se trata de una medida de protección, no de prevención. La inseguridad vial no se resolverá con la aplicación de un seguro que vendrá a engrosar sustancialmente los fondos de compañías que progresan económicamente en forma rápida en nuestro país, mientras el número de víctimas aumenta en los hospitales o en los cementerios.
Con el mismo celo con que la Policía comenzará a aplicar sanciones a los propietarios de vehículos que no tienen seguro, también debería preocuparse por aplicarla con todo rigor en lo que se refiere a la prevención y disminución de accidentes.
Es urgente, por ejemplo, la exigencia del casco a motociclistas y sus acompañantes, eliminación de las chatarras ambulantes, especialmente buses y taxis, control de la circulación indiscriminada de bicicletas en calles, avenidas y carreteras a cualquier hora del día y más peligrosas aún en las noches por la falta deseñales o luces.
Es necesario también la instalación de semáforos peatonales en sitios de gran afluencia vehicular, obligatoriedad para los buses del uso de las bahías, ubicación de paradas de taxis, colocación de señales en las ya saturadas arterias de la capital, la regulación de la circulación de carretones que con “complejo de Ben-Hur” obstaculizan las vías principales de la ciudad, y otras medidas que demanda la población.
De los más de 600 millones de córdobas anuales que representa el pago de este seguro, un buen porcentaje debería ser destinado a campañas de educación vial, en el mejoramiento de las calles, en la colocación de señales, o bien de infraestructuras hospitalarias públicas que en última instancia son al fin y al cabo las que reciben la mayor carga de víctimas por los accidentes ocasionados por el alto número de vehículos en el país.
Esta campaña de educación vial debe dirigirse especialmente a conductores de buses y taxis a quienes se les responsabiliza de generar un alto índice de estos accidentes y lo que ha provocado y con justa razón, una mayor cantidad a pagar por este seguro por el riesgo que representan .
La educación vial debe también incluir a conductores privados, peatones, maestros, estudiantes, padres de familia, y todos aquéllos involucrados para tratar de disminuir esta epidemia silenciosa que de acuerdo con las últimas estadísticas causa más muertes en Nicaragua que cualquier otra enfermedad.
El autor es periodista.
