Ary Neil Pantoja
El ex embajador nicaragüense en Costa Rica, Mauricio Díaz, dijo que ninguno de los dos países está preparado para afrontar una masiva repatriación de migrantes nicas, porque Nicaragua no podría absorber tanta mano de obra, y Costa Rica se vería muy afectada en su economía, si se diese una expulsión masiva de nicas.
Nicaragua es el segundo socio comercial en importancia de Costa Rica y más de 400 mil emigrantes nicaragüenses han aportado unos 24 mil millones de dólares a la producción costarricense en la última década, dijo Díaz.
Para el diplomático, cualquier ciudadano tico que diga que su país no necesita de los migrantes nicaragüenses “está totalmente equivocado o no conoce bien la realidad de su país”, porque la mayoría de la infraestructura productiva costarricense descansa en la mano de obra inmigrante.
Díaz cree que los problemas migratorios deben resolverlos los gobiernos de ambos países, pero con el interés de mejorar la situación de los compatriotas que llegan al vecino del sur en busca de una vida mejor.
Los nicas en Costa Rica, además de sostener la economía de ese país, también aportan a la de Nicaragua con las remesas familiares que oscilan entre 200 y 250 millones de dólares por año. La relación entre ambos países es de “complementariedad, porque ambos nos beneficiamos”, explicó.
SEGUNDO SOCIO COMERCIAL
Díaz señaló que Nicaragua es el segundo socio comercial en importancia de Costa Rica, porque importa unos 900 productos ticos, además que unas 400 empresas ticas hacen negocio en Nicaragua.
“Sólo para poner un ejemplo, el sector construcción en Costa Rica se vería muy afectado con una deportación masiva de migrantes, así que lo que conviene es legalizar su situación y respetar sus derechos laborales”, sugirió tras afirmar que los mismos dueños de las empresas constructoras le expresaron su oposición a quedarse sin empleados nicaragüenses.
El diplomático señaló que, incluso, los derechos laborales de los migrantes ilegales deben ser respetados por las autoridades y los empleadores ticos, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de que “el trabajador migrante, independientemente de su condición jurídica, adquiere vínculos legales y laborales con el país donde está trabajando”.
