Pablo E. Ayón G.
He dejado pasar algún tiempo después de mis últimas reflexiones públicas sobre la situación de los ingresos de los grupos que requieren más apoyo para que el país avance de una manera más rápida y efectiva, considerando que los últimos acontecimientos políticos y sociales han mantenido distraída y preocupada la atención de la población nicaragüense.
Decía en mi último artículo publicado en LA PRENSA que es imposible que el país progrese de una manera firme, si precisamente los grupos fundamentales para el desarrollo y orden en el Gobierno, como son los maestros, el personal de Salud, los jueces y los policías, permanecen marginados con salarios irrisorios.
Decía también que no se trata solamente de criticar y de no reconocer los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo para reducir la gran brecha entre los ingresos de los diferentes grupos del Gobierno, pero que hasta ahora eso es muy poco para que la situación llegue en un tiempo razonable a niveles mínimos aceptables y que el caso no debe enfocarse en forma sencilla haciendo aumentos salariales que cubran la inflación, cuando gran parte de los empleados públicos recibe salarios inferiores a lo necesario para poder comer debidamente, y mientras tanto hay personas en el mismo Gobierno, tal vez con menor preparación y condiciones de trabajo más sencillas que devengan del mismo Estado sumas diez, veinte o más veces superiores.
Quiero decir una vez más que no estoy contra los funcionarios que ganan sueldos altos, sino que considero que mantener sueldos extremadamente bajos al personal fundamental, capacitado y sacrificado en el Gobierno hace que el país se estanque y no avance a la velocidad que requiere nuestro estado actual de atraso y más bien puede ser peligroso para el proceso democrático que vivimos. La empresa privada podría solucionar en parte este problema y lo está haciendo, pero con cierto segmento de población y a una velocidad bastante aceptable para su propia situación y condiciones. Querer obtener más de ella sería más bien perjudicial y contraproducente.
Es en el Poder Ejecutivo donde se encuentran las situaciones salariales más alarmantes y contradictorias (salarios de enfermeras y maestros de un mil quinientos córdobas por mes, y de médicos de dos mil quinientos córdobas por mes), y precisamente es en este Poder del Estado donde los políticos y personeros principales están aparentemente más interesados en que se mejore la situación, según he visto y oído en diarios y radios. Pero para ser consistentes y justos, lo primero que se debe hacer es ver cómo se organiza y nivela mejor ese Poder y no tratar de buscar la solución inicial en los otros Poderes del Estado. En otras palabras el primer esfuerzo intensivo y completo lo debe hacer el Poder Ejecutivo, dentro de sus propias fronteras, transformando drásticamente su organización, nivel de gastos y composición salarial y de beneficios, lo que hasta ahora no he visto.
Es indispensable hacer una reorganización completa y un análisis salarial detallado y de beneficios y gastos de todo el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, así como de todos los recursos necesarios en ese Poder para los próximos cinco años y establecer claramente cuánto tiempo y recursos son necesarios en dicho período para lograr que los salarios y beneficios actuales de maestros, enfermeras, médicos, policías etc. en el Gobierno alcancen un nivel aceptable en un plazo razonable, independiente de las tasas de inflación y establecer el proceso de trabajo para lograrlo. Es lógico que el Poder Ejecutivo debe ser modesto, económico y relativamente pequeño para que sea consistente con las necesidades propias totales del mismo, y con salarios y gastos equilibrados. Allí debe estar la verdadera habilidad de los políticos del Poder Ejecutivo y la solución a mediano plazo de los problemas de sueldos excesivamente bajos para los empleados y profesionales más importantes del sector público. De otra manera seguiremos con el personal público más valioso y necesario en condiciones deplorables para la gran responsabilidad que se les ha asignado.
El autor es miembro del Grupo Cívico Ética y Transparencia
