Alberto Reyes Hernández*
Casi de forma inmediata que en la década del 80 comienzan a darse las violaciones contra la libertad de expresión, nace la APN (Asociación de Periodistas de Nicaragua) con el nombre de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Desde entonces aparece la raya del límite entre periodistas libres y los comprometidos con el sandinismo a través de la UPN, organización que, como miembro fundador, años más tarde lamenté verla convertida en un organismo de masas.
Ahora, 23 años después —en medio de una crisis socioeconómica que golpea severamente al periodismo en general— aparece la necesidad de que ambas agrupaciones formen el Colegio de Periodistas de Nicaragua, “superando” las razones de la ya vieja diferencia política e ideológica, que ha mantenido la división del gremio en dos asociaciones.
Siendo el periodismo un quehacer eminentemente político, esas diferencias de los dos gremios subyacen todavía. No podría decir con cuánta profundidad, pero es real, sobre todo si se observa que la misma sociedad guarda esas diferencias y posiciones encontradas. El asesinato de Carlos Guadamuz obligaría a una reflexión profunda.
Este Colegio de Periodistas resultara “sui generis”, porque a diferencia de profesiones como la de los médicos o ingenieros, ellos no tienen que trabajar sobre una disciplina o materia tan gelatinosa como la opinión pública y política. La medicina o la ingeniería son técnicas específicas, con principios casi inalterables. A los periodistas nos toca laborar con opiniones, con criterios sólo definidos por los intereses para quien se labora, o los principios con los que se comulga. ¿Cómo lograr, entonces, la homogenización en el colegio?
La ley aprobada causa obligación porque exige que cualquier profesional debe ser acreditado por el colegio; pero aunque este aspecto puede parecer irrelevante para los veteranos y quienes llenan requisitos de práctica profesional, es muy discutible lo obligatorio, aunque importante para el futuro, porque en realidad se intenta dignificar de futuro al gremio, protegiendo la profesión de impostores e invasores.
Pero hay otros ámbitos de la ley más sensibles. Por ejemplo: la libertad de empresa se puede lesionar si el colegio queda facultado como lo dice la ley actual, a intervenir en nombramientos de cargos especiales dentro de los medios. Somos los afiliados de APN y UPN los que “ipso jure” podemos integrar el colegio. Vamos como se dice, al mismo costal, pese a las diferencias arrastradas. Pero todavía es más serio el asunto cuando se observa que UPN es 3 ó 4 veces más numerosa que APN. ¿Se puede ser afiliados con iguales derechos cuando la ley establece que dos tercios de los votos en una asamblea (Congreso Nacional se le dice), van a decidir el futuro de todos?
La pintura está demasiado fresca como para olvidar cómo han actuado en el pasado los “organismos de masas”, influenciados por el FSLN, y aunque los colegas de la UPN juraran públicamente que han pasado una terapia intensiva de “apoliticidad”, es difícil de creer que no van a pretender mantener la famosa hegemonía del poder. No basta que se diga que habrá alternabilidad en los cargos directivos, si planes, estatutos, reglamentos y hasta el código de ética serán voluntad de esa mayoría ostensible.
Por eso, y para subsanar con antelación, las causas que podrían llevar a un divorcio a este matrimonio del colegio, se torna indispensable establecer no sólo ajustes y reformas a las legislaciones, sino cláusulas transitorias con al menos 10 años de duración, para APN y UPN no sólo continúen sus propios planes de desarrollo como hasta ahora, sino conservando igualdad jurídica (como pareja de un mismo tango). Es decir, que cada una asuma deberes y derechos por partes iguales, independiente del número de sus componentes. El colegio es necesario pero requiere de un consenso previo: la igualdad de las asociaciones, tanto por beneficios económicos que se derivan de dos sorteos de la Lotería en el año, establecidos por la ley, así como de las futuras obligaciones en los proyectos de protección social por parte de las organizaciones.
La APN casi no ha participado en la formación de esta ley. En cambio en la UPN el asunto ha sido una agenda de casi 10 años. La APN no debe comportarse como un socio minoritario en una “convergencia” como el colegio. La APN debe consultar a toda su base y analizar las garantías que conllevan la inscripción en la colegiación, porque aún cuando parece ser una necesidad no se puede ignorar que tal como está planteado el colegio podríamos arriesgar la propia existencia de nuestra organización de periodistas, la que mejor ha representado la permanente convicción de PJCh: la defensa de la libertad de expresión. Ninguna decisión oficial ha emanado de la directiva de la APN, hasta ahora, y por ello debemos obligarnos a consultar a la máxima autoridad, la Asamblea General de nuestra organización.
* El autor es fiscal de la APN
